martes, 5 de julio de 2011

Cristina y la arrogancia del decreto sexual


La presidenta argentina Cristina de Kirchner se equivocó de nuevo hoy al prohibir por decreto la publicación de avisos clasificados de oferta sexual, en un acto en la Casa Rosada contra la trata de personas, en el que recriminó a la prensa, diciendo que se trata (la decisión de haber tomado la medida) de “un paso gigantesco contra la doble moral y la hipocresía".

Más allá de si está bien o no el fondo de la medida, que puede ser rebatida por cuestiones sobre principios de libertad de expresión a pesar de que tenga un fin loable como luchar contra la trata de personas, lo que sorprende son las formas en que fue adoptada.

El decreto es arrogante. Porque tratándose de un tema que cambia reglas de juego importantes e íntimas de una sociedad como lo representan los valores éticos de los individuos, hubiera sido mejor que la medida se adopte después de un proceso de debate público, desencadenado ya sea por alguna organización autónoma de gobierno o como parte de una discusión en el Congreso que derive en un proceso legislativo. 

Poner el tema en el debate público de esa forma, ayudaría a que las personas se expresen, se eduquen y se orienten, aspectos importantes dentro de una democracia participativa. Un decreto presidencial, por más acertado o ajustado a la verdad que pueda ser, especialmente cuando se trata de temas que caminan sobre esa delgada línea divisoria de la moralidad y la legalidad, no deja de ser una muestra de arrogancia y paternalismo de parte del gobierno. Incluso – aunque no comparta el procedimiento y como se manipularon las preguntas - hasta la Presidencia de Ecuador, que es más arrogante que la argentina, tuvo la resolución de plantear mediante consulta popular varios temas de moralidad y convivencia, antes de tratarlos legislativamente.

El decreto también es vengativo. Por más que se hayan definido fines loables – como también lo hizo el gobierno boliviano con la Ley Antirracista el año pasado al haber violado temas de libertad de expresión – como la creación de una oficina de monitoreo dentro del Ministerio de Justicia, junto al Consejo de la Mujer, para que se luche contra la trata, el blanco del decreto tuvo como represalia a los medios de comunicación. Es que la semana pasada, los medios se hicieron eco del informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos que acusó al gobierno argentino de no hacer lo suficiente sobre la trata.

Sus intenciones fueron claras y se desprenden de sus palabras cuando dijo que el decreto  “es un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía que rige en algunos sectores". Se justificó expresando que “el rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios que hacen negocios con esta oferta. No se puede desde las tapas pedir al Gobierno que luche contra la trata de personas y después en las páginas comerciales publicar avisos". No hay evidencia más clara que ésta.