Parte 3 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)
Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias.
El uso discriminatorio de la publicidad oficial para premiar a la prensa condescendiente y castigar a la independiente y crítica, sigue siendo el arma más usual y rápida de corrupción y más difícil de contrarrestar. Los gobiernos siguen reacios a regular normas de transparencia que los obliguen a distribuir publicidad con criterios técnicos y equitativos.
En Argentina, donde los gobiernos históricamente han utilizado este mecanismo de prensión, el diario La Nación de Buenos Aires reveló que el Poder Ejecutivo gastó 27 millones de dólares del erario público en publicidad oficial, pero entregó el 67,5% a Canal 9, propiedad de un empresario identificado con el gobierno, en desprecio de los demás canales que poseían mayor audiencia y rating.
En Nicaragua, varios medios pequeños del interior y radioemsiroras en Managua debieron cerrar sus puertas en 2010, obligados por el retiro de la publicidad oficial, en represalia por no haber “beneficiado” editorialmente al gobierno de Daniel Ortega.
En ambos países también se advierte como los sindicatos son manipulados por los gobiernos, con los que comparten sus ideologías, para tomar represalias contra los medios. Tanto en Buenos Aires como en Managua, fueron comunes en 2010 los bloqueos de los gremialistas contra los canales de distribución de periódicos locales.
En otros países, los gobiernos adoptan mecanismos de coacción económicos, ya sea con la creación de impuestos especiales o dificultando los procesos administrativos para retirar el papel periódico y otros insumos importados de las Aduanas, como en su época lo hacía el ex presidente argentino Juan Domingo Perón o el PRI cuando era gobierno en México.
El Estado “informador”
Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos, pero que luego no usan como medios públicos, sino para defender sus intereses de gobierno.
Los amigos del kirchnerismo en Argentina esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, aunque ya han venido comprando medios en todo el país, con el objetivo de mantener aceitado un aparato de propaganda de cara a las elecciones de octubre próximo.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino, con dineros públicos, según las denuncias por corrupción en su contra. Hugo Chávez cerro y expropió RCTV en 2007 así como cinco otros canales de cable y 34 radioemisoras, pero con el mismo ritmo creo 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en internet, y agencias de noticias internacionales.
Rafael Correa confiscó canales y un diario, y también con dineros públicos creó Periódico Popular, un diario que compite contra los demás, bajo la excusa de que todos mienten, menos el gobierno. Evo Morales, por su parte, creo un sistema de radios comunitarias y de televisión, así como adquirió medios escritos con dineros provistos por el gobierno venezolano, medios que también usa para sus intereses personales.
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