Chile-Argentina y los derechos humanos

La polémica entre los gobiernos de Chile y Argentina por el ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, muestra cuán diametralmente opuesta puede ser la perspectiva sobre los derechos humanos dependiendo si la óptica corresponde a Sebastián Piñera o a Cristina de Kirchner.

El gobierno chileno pidió la extradición del ex guerrillero de ese país, máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por el asesinato del senador Jaime Guzmán y, entre otros crímenes, por el secuestro de Cristián Edwards. Tras el de extradición, el gobierno argentino prefirió concederles asilo político, basado en un manido argumento de que no tendría argumentos de debido proceso en su país.

Era obvio que Piñera se disgustaría, así como todos los líderes chilenos, quienes ven que en Argentina se discrimina en materia de derechos humanos, ya que se utiliza para juzgar o no olvidar las atrocidades de los militares, mientras se hace la vista gorda sobre los ex guerrilleros que también desgarraron el país con las armas y sus violaciones.

El gobierno argentino no actúa en forma muy objetiva, si se considera que hace unos cuantos días atrás, el discurso de la presidenta Kirchner ante la asamblea de la Naciones Unidas tuvo como objetivo reclamar al gobierno de Irán que extradite a los iraníes responsables del atentado contra la AMIA, asegurando que se garantizará un proceso justo y transparente.

Justamente lo que el gobierno chileno le ha asegurado al argentino sobre el caso Apablaza, además de que se trata de un ciudadano chileno que es buscado por cometer crímenes en su país.

Se trata de un grave error de cálculo del kirchnerismo. Debiera construir no destruir relaciones con quien debiera ser su mejor aliado.