El presidente electo de Uruguay, José Mujica, se metió en un brete. Para su fiesta de asunción aceptó la donación de 10 empresas privadas que aportaron cada una 10.000 dólares para pagar los gastos de la ceremonia de asunción.
Hasta aquí todo bien. Nada legal ni constitucional implica que esto no se pueda hacer o que sea un delito. Sin embargo, en el plano ético, se trata de un conflicto de interés, no tanto por el hecho de que el gobierno estaría adquiriendo compromisos con empresas privadas a las que debería devolverle los favores en su momento, sino porque representa un hecho contra la naturaleza misma de su pensamiento como ex guerrillero y quien hasta hace poco le estuvo pidiendo austeridad a sus futuros funcionarios y diputados de su partido, el Frente Amplio, a quien les pidió no viajar para no gastar.
Todos reconocen su vocación austera – donará el 80 por ciento de su sueldo para la construcción de viviendas populares – y ella debería estar acompañada no tan solo por lo que dice y cómo lo dice, sino por las cosas que hace y cómo las hace
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