Después de seis meses de intenso trabajo, el esfuerzo valió la pena. Más de 50 representantes de 22 universidades de 13 países de América Latina que convocamos a Puebla, México, culminaron con una excelente declaración de principios sobre la responsabilidad que las altas casa de estudio también tienen para combatir la violencia contra la prensa y la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas en el continente americano.
La Declaración de Puebla, a continuación, demuestra en su espíritu el carácter creativo y el compromiso de jóvenes universitarios que fueron desafiados a buscar alternativas para combatir la violencia, y cuyo entusiasmo estuvo coronado por la reunión que sostuvimos en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante la inauguración oficial el jueves 25 de agosto por la noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, dijo que el conocimiento conlleva en sí mismo el compromiso de compartirlo.
La Declaración de Puebla fue redactada justamente con ese compromiso en mente. En este y en los próximos tres posts, publico la Declaración.
26 de agosto de 2011
Declaración de Puebla
Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa
DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011
Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.
Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:
Siguen Parte 2, 3 y 4 en siguientes posts
agosto 30, 2011
Responsabilidad del Estado y gobiernos
Declaración de Puebla (Parte 2)
1. En el ámbito legal, que:
Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.
Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.
Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.
Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.
Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.
En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.
Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.
Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.
Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.
1. En el ámbito legal, que:
Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.
Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.
Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.
Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.
Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.
Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.
Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.
Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.
En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.
En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.
Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.
Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.
Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.
Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.
Responsabilidad de los medios de comunicación
Declaración de Puebla (parte 3)
2. En el ámbito institucional, que:
Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.
Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.
3. En el ámbito social, que:
Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.
Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.
2. En el ámbito institucional, que:
Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.
Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.
Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.
Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.
3. En el ámbito social, que:
Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.
Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.
Responsabilidad de las universidades
Declaración de Puebla (parte 4)
Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.
Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.
Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.
Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.
Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.
Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.
Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.
Pontificia Universidad Católica Argentina; Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil; Universidad Diego Portales, Chile; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Universidad José Cecilio del Valle, Honduras; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Guadalajara, México; Universidad de Guadalajara, México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua; Universidad Católica, Paraguay; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; Universidad Iberoamericana, República Dominicana;
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.
Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.
Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.
Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.
Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.
Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.
Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.
Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.
Pontificia Universidad Católica Argentina; Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil; Universidad Diego Portales, Chile; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Universidad José Cecilio del Valle, Honduras; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Guadalajara, México; Universidad de Guadalajara, México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua; Universidad Católica, Paraguay; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; Universidad Iberoamericana, República Dominicana;
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
agosto 29, 2011
Periodistas mexicanos en desventaja
Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Puebla— La falta de federalización de delitos contra periodistas permite la impunidad de los asesinatos en su contra, pues las autoridades federal y estatal se deslindan al estar los crímenes, presuntamente, vinculados con el crimen organizado.
Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comparó esa situación con la rapidez con que la autoridad ha actuado en torno a homicidios sobre todo de norteamericanos, por la presión internacional.
En entrevista para El Diario, el periodista consideró que “cuando hay un asesinato de un extranjero, como son crímenes federales el gobierno tiene mucha más anuencia del gobierno federal, da mayor presupuesto, tiene mayores recursos humanos por la presión que se ejerce”.
Por eso, explicó, nosotros pedimos la federalización de los homicidios de periodistas porque eso le da una presión mayor al gobierno nacional de tener que resolver un crimen, porque a veces los estados o no tienen los recursos o no tienen la voluntad política o siempre están con el tema de que el periodista no era periodista o era otra cosa.
“Cuando el gobierno federal tiene la presión de resolver esos casos tan importantes como la libertad de expresión, esa es la visión de porqué en México los casos de periodistas mexicanos se hagan parte de un delito federal”.
Aunado a ello, señaló, al estar federalizados los crímenes es más fácil acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y, de esta manera, obligar al gobierno a cumplir con su obligación de procurar justicia.
De manera general, Trotti consideró que “si los estados no saben combatir el tema de la seguridad y los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros y desprotegidos los periodistas son parte de esta sociedad, corremos el riesgo de que se siga deteriorando la situación”.
“Creo que en México el debilitamiento de la democracia, por esa inseguridad, esa desprotección, esa impunidad que incluso la viene reconociendo el presidente Felipe Calderón en estos días, sigue aumentando se sigue debilitando la democracia y por ende perdemos todo”, advirtió.
Por ello, concluyó, si el dinero del Plan Mérida es utilizado bien, no solamente para temas de reacción militares, sino también para inteligencia para reforzamiento de la justicia, para educación puede ser dinero bien ubicado.
El Diario/Corresponsal
Puebla— La falta de federalización de delitos contra periodistas permite la impunidad de los asesinatos en su contra, pues las autoridades federal y estatal se deslindan al estar los crímenes, presuntamente, vinculados con el crimen organizado.
Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comparó esa situación con la rapidez con que la autoridad ha actuado en torno a homicidios sobre todo de norteamericanos, por la presión internacional.
En entrevista para El Diario, el periodista consideró que “cuando hay un asesinato de un extranjero, como son crímenes federales el gobierno tiene mucha más anuencia del gobierno federal, da mayor presupuesto, tiene mayores recursos humanos por la presión que se ejerce”.
Por eso, explicó, nosotros pedimos la federalización de los homicidios de periodistas porque eso le da una presión mayor al gobierno nacional de tener que resolver un crimen, porque a veces los estados o no tienen los recursos o no tienen la voluntad política o siempre están con el tema de que el periodista no era periodista o era otra cosa.
“Cuando el gobierno federal tiene la presión de resolver esos casos tan importantes como la libertad de expresión, esa es la visión de porqué en México los casos de periodistas mexicanos se hagan parte de un delito federal”.
Aunado a ello, señaló, al estar federalizados los crímenes es más fácil acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y, de esta manera, obligar al gobierno a cumplir con su obligación de procurar justicia.
De manera general, Trotti consideró que “si los estados no saben combatir el tema de la seguridad y los ciudadanos siguen sintiéndose inseguros y desprotegidos los periodistas son parte de esta sociedad, corremos el riesgo de que se siga deteriorando la situación”.
“Creo que en México el debilitamiento de la democracia, por esa inseguridad, esa desprotección, esa impunidad que incluso la viene reconociendo el presidente Felipe Calderón en estos días, sigue aumentando se sigue debilitando la democracia y por ende perdemos todo”, advirtió.
Por ello, concluyó, si el dinero del Plan Mérida es utilizado bien, no solamente para temas de reacción militares, sino también para inteligencia para reforzamiento de la justicia, para educación puede ser dinero bien ubicado.
Piden despenalización de la difamación
México, 26 ago (EFE)- Con la solicitud de que sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia en las naciones latinoamericanas concluyó hoy el foro regional universitario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizado en Puebla, centro de México.
En un documento titulado "Declaración de Puebla", redactado al término de la sesión de dos días, los participantes del encuentro reconocieron que al agredir la libertad de expresión mediante juicios penales, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Los ataques contra este derecho fundamental "no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre de su profesión, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito", precisa la declaración escrita.
Los representantes de los 15 países que se dieron cita en el foro analizaron la situación actual del periodismo en la región y se comprometieron a proponer reformas de políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes.
Entre sus recomendaciones en materia legal, piden a los Gobiernos que modifiquen sus leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, y "si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; además de que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles".
Asimismo, proponen la promulgación de leyes que brinden protección a defensores de derechos humanos, y que estas incluyan a periodistas, así como la creación de la figura del Defensor de la Libertad de Expresión, al que pueda recurrir la ciudadanía y los comunicadores para hacer efectivo este derecho.
A las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia les exhortan a crear una unidad especializada para llevar a cabo las pesquisas sobre casos de ataques en este sentido.
En el ámbito institucional, sus recomendaciones se dirigen principalmente a los medios de comunicación, para que "garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados", además del cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
En el documento también se incluyen peticiones para las organizaciones no gubernamentales, articuladas con el fin de educar a la sociedad sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
A las universidades, organizaciones civiles y sindicatos del gremio solicitan actuar en red para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la citada libertad en cada país y se creen espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Sugieren, además, una revaluación de los planes de estudios en las distintas facultades universitarias, con tal de adecuar a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Algunas de las academias que participaron del encuentro fueron Pontificia Universidad Católica Argentina, Centro Universitario Metodista (Brasil), Universidad Diego Portales (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).
El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, lee un mensaje por el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, durante la cumbre hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en la ciudad mexicana de Puebla. EFE
En un documento titulado "Declaración de Puebla", redactado al término de la sesión de dos días, los participantes del encuentro reconocieron que al agredir la libertad de expresión mediante juicios penales, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Los ataques contra este derecho fundamental "no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre de su profesión, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito", precisa la declaración escrita.
Los representantes de los 15 países que se dieron cita en el foro analizaron la situación actual del periodismo en la región y se comprometieron a proponer reformas de políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes.
Entre sus recomendaciones en materia legal, piden a los Gobiernos que modifiquen sus leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, y "si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; además de que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles".
Asimismo, proponen la promulgación de leyes que brinden protección a defensores de derechos humanos, y que estas incluyan a periodistas, así como la creación de la figura del Defensor de la Libertad de Expresión, al que pueda recurrir la ciudadanía y los comunicadores para hacer efectivo este derecho.
A las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia les exhortan a crear una unidad especializada para llevar a cabo las pesquisas sobre casos de ataques en este sentido.
En el ámbito institucional, sus recomendaciones se dirigen principalmente a los medios de comunicación, para que "garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados", además del cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
En el documento también se incluyen peticiones para las organizaciones no gubernamentales, articuladas con el fin de educar a la sociedad sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
A las universidades, organizaciones civiles y sindicatos del gremio solicitan actuar en red para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la citada libertad en cada país y se creen espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Sugieren, además, una revaluación de los planes de estudios en las distintas facultades universitarias, con tal de adecuar a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Algunas de las academias que participaron del encuentro fueron Pontificia Universidad Católica Argentina, Centro Universitario Metodista (Brasil), Universidad Diego Portales (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).
El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, lee un mensaje por el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, durante la cumbre hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en la ciudad mexicana de Puebla. EFE
Exigen en México aclarar crimen
México, 25 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y veintidós universidades latinoamericanas exigieron hoy al Gobierno de México "la rápida investigación y el esclarecimiento" del asesinato de periodista Humberto Millán Salazar, hallado sin vida a las afueras de Culiacán, norte del país.
El pronunciamiento, antecedido por un minuto de silencio, lo hicieron en Puebla, centro de México, los participantes en la III Cumbre Hemisférica "Políticas públicas para combatir la impunidad", que precisamente analizan cómo frenar la alarmante falta de justicia en delitos contra periodistas en la región.
Horas después de que expertos de quince países comenzaran sus trabajos, Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado asesinado en una zona rural.
Millán había sido secuestrado ayer en Culiacán y fue hallado acribillado en un paraje ubicado a unos diez kilómetros de la urbe.
El hecho fue condenado por los especialistas latinoamericanos que asisten al encuentro de Puebla a través de un mensaje conjunto leído por el director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti.
En él se mostraron "consternados por el secuestro y asesinato" del comunicador, presumiblemente a manos del crimen organizado, y exhortaron al presidente de México, Felipe Calderón, a realizar "una rápida investigación para deslindar responsabilidades" en el crimen.
Por su parte, la mexicana Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hizo público otro pronunciamiento donde alertó de que ese derecho fundamental "se está destruyendo de forma permanente y a pasos agigantados" en México.
Ello como consecuencia de que "el crimen organizado tiene la llave de la violencia para atemorizar y provocar la censura y autocensura en un marco donde la impunidad en los crímenes contra los comunicadores es una constante".
El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Tomás Guevara Martínez, lamentó en declaraciones a Efe el crimen y recordó que en México los periodistas trabajan en "un estado de vulnerabilidad muy alto".
"En el caso de Sinaloa esta situación se viene recrudeciendo desde hace (...) años, como efecto que en particular ha tenido en el noroeste de México el combate al crimen organizado por la vía de las Fuerzas Armadas", añadió.
El también profesor del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS consideró que las autoridades mexicanas, en general, han "minimizado este tipo de situaciones", lo que ha agudizado la sensación de impunidad.
Para el periodista mexicano José Carreño, la muerte de Millán supone un "nuevo sacrificio" en este país, donde "es precisamente la impunidad la que está permitiendo la repetición de estos hechos".
"Creo que hay que tomar acciones en muchos territorios del país y, muy específicamente (...) para asegurar condiciones mínimas de protección al trabajo informativo", agregó en declaraciones a Radio Fórmula el también coordinador del observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV).
Carreño tampoco se mostró optimista en relación al contexto general de violencia en México, que ha causado más de 40.000 muertes desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder.
"Me parece que estamos muy lejos de que lleguemos al final de esta pesadilla de la inseguridad y la violencia en el país (...) son decenas los caídos de la profesión, del periodismo, en estos años", añadió.
Ante la misma emisora el presidente de la ONG México S.O.S., Alejandro Martí, recordó hoy que el estado de Sinaloa ocupa el "quinto lugar" de los estados de alta delincuencia en México, y el tercer lugar en homicidios, según datos del centro México Evalúa.
La muerte de Millán, la 72 desde 2000 a la fecha según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sucede después de que fueran asesinados Yolanda Ordaz (julio) y Miguel Ángel López (junio) Velasco, ambos del diario Notiver, por lo que ya suman seis los crímenes registrados este año.
El pronunciamiento, antecedido por un minuto de silencio, lo hicieron en Puebla, centro de México, los participantes en la III Cumbre Hemisférica "Políticas públicas para combatir la impunidad", que precisamente analizan cómo frenar la alarmante falta de justicia en delitos contra periodistas en la región.
Horas después de que expertos de quince países comenzaran sus trabajos, Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado asesinado en una zona rural.
Millán había sido secuestrado ayer en Culiacán y fue hallado acribillado en un paraje ubicado a unos diez kilómetros de la urbe.
El hecho fue condenado por los especialistas latinoamericanos que asisten al encuentro de Puebla a través de un mensaje conjunto leído por el director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti.
En él se mostraron "consternados por el secuestro y asesinato" del comunicador, presumiblemente a manos del crimen organizado, y exhortaron al presidente de México, Felipe Calderón, a realizar "una rápida investigación para deslindar responsabilidades" en el crimen.
Por su parte, la mexicana Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hizo público otro pronunciamiento donde alertó de que ese derecho fundamental "se está destruyendo de forma permanente y a pasos agigantados" en México.
Ello como consecuencia de que "el crimen organizado tiene la llave de la violencia para atemorizar y provocar la censura y autocensura en un marco donde la impunidad en los crímenes contra los comunicadores es una constante".
El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Tomás Guevara Martínez, lamentó en declaraciones a Efe el crimen y recordó que en México los periodistas trabajan en "un estado de vulnerabilidad muy alto".
"En el caso de Sinaloa esta situación se viene recrudeciendo desde hace (...) años, como efecto que en particular ha tenido en el noroeste de México el combate al crimen organizado por la vía de las Fuerzas Armadas", añadió.
El también profesor del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS consideró que las autoridades mexicanas, en general, han "minimizado este tipo de situaciones", lo que ha agudizado la sensación de impunidad.
Para el periodista mexicano José Carreño, la muerte de Millán supone un "nuevo sacrificio" en este país, donde "es precisamente la impunidad la que está permitiendo la repetición de estos hechos".
"Creo que hay que tomar acciones en muchos territorios del país y, muy específicamente (...) para asegurar condiciones mínimas de protección al trabajo informativo", agregó en declaraciones a Radio Fórmula el también coordinador del observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV).
Carreño tampoco se mostró optimista en relación al contexto general de violencia en México, que ha causado más de 40.000 muertes desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder.
"Me parece que estamos muy lejos de que lleguemos al final de esta pesadilla de la inseguridad y la violencia en el país (...) son decenas los caídos de la profesión, del periodismo, en estos años", añadió.
Ante la misma emisora el presidente de la ONG México S.O.S., Alejandro Martí, recordó hoy que el estado de Sinaloa ocupa el "quinto lugar" de los estados de alta delincuencia en México, y el tercer lugar en homicidios, según datos del centro México Evalúa.
La muerte de Millán, la 72 desde 2000 a la fecha según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sucede después de que fueran asesinados Yolanda Ordaz (julio) y Miguel Ángel López (junio) Velasco, ambos del diario Notiver, por lo que ya suman seis los crímenes registrados este año.
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