lunes, 29 de agosto de 2011

Piden despenalización de la difamación

México, 26 ago (EFE)- Con la solicitud de que sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia en las naciones latinoamericanas concluyó hoy el foro regional universitario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizado en Puebla, centro de México.
En un documento titulado "Declaración de Puebla", redactado al término de la sesión de dos días, los participantes del encuentro reconocieron que al agredir la libertad de expresión mediante juicios penales, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.
Los ataques contra este derecho fundamental "no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre de su profesión, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito", precisa la declaración escrita.
Los representantes de los 15 países que se dieron cita en el foro analizaron la situación actual del periodismo en la región y se comprometieron a proponer reformas de políticas públicas dirigidas a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes.
Entre sus recomendaciones en materia legal, piden a los Gobiernos que modifiquen sus leyes para que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban, y "si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; además de que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles".
Asimismo, proponen la promulgación de leyes que brinden protección a defensores de derechos humanos, y que estas incluyan a periodistas, así como la creación de la figura del Defensor de la Libertad de Expresión, al que pueda recurrir la ciudadanía y los comunicadores para hacer efectivo este derecho.
A las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia les exhortan a crear una unidad especializada para llevar a cabo las pesquisas sobre casos de ataques en este sentido.
En el ámbito institucional, sus recomendaciones se dirigen principalmente a los medios de comunicación, para que "garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados", además del cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.
En el documento también se incluyen peticiones para las organizaciones no gubernamentales, articuladas con el fin de educar a la sociedad sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.
A las universidades, organizaciones civiles y sindicatos del gremio solicitan actuar en red para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la citada libertad en cada país y se creen espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.
Sugieren, además, una revaluación de los planes de estudios en las distintas facultades universitarias, con tal de adecuar a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.
Algunas de las academias que participaron del encuentro fueron Pontificia Universidad Católica Argentina, Centro Universitario Metodista (Brasil), Universidad Diego Portales (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).
El director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti, lee un mensaje por el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, durante la cumbre hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en la ciudad mexicana de Puebla. EFE