John Edwards tenía una carrera rutilante en el Partido Demócrata y aunque fue sacudido en las primarias de hace un par de años por los candidatos Hillary Clinton y el ahora presidente Barack Obama, se esperaba que el senador pudiera dar batalla en nuevas elecciones futuras.
Pero su carta de potencial triunfo se fue al traste cuando esta semana lo procesaron por haber malversado fondos de la campaña electoral para uso personal, especialmente para tapar las evidencias de su amorío extramarital con Rielle Hunter y el hijo que concibieron, mientras su esposa enfrentaba el cáncer que finalmente la venció en diciembre pasado.
Edwards es acusado no solo de malversar fondos sino de haber recibido dineros de personas más allá del límite permitido. Por estos delitos y otras acusaciones del mismo tipo de crímenes, puede ser sentenciado a 30 años de cárcel y a pagar una multa de 1,5 millones de dólares.
Lo importante de este enjuiciamiento es que se puede observar la igualdad ante la ley ante un delito que le permitió a Edwards tomar ventajas en un proceso electoral, que debiera ser justo, competitivo y transparente para así poder dar garantías a los ciudadanos sobre una elección limpia.
Cuando suceden ejemplos así, uno no puede dejar de pensar en otros procesos electorales que han sido viciados en los últimos años y sobre los que la justicia poco hace. En nuestra América Latina, donde las valijas llenas de efectivo viajaron desde Venezuela a Perú, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, entre otros países, o donde las narco-guerrillas de las FARC fueron denunciadas por infiltrar la anterior campaña presidencial en Ecuador, todavía se espera justicia y que se termine con tanta impunidad.
