En la política existe una marcada tendencia a los cambios bruscos de rumbo.
Ese zarandeo pendular hacia los
extremos, de izquierda a derecha y viceversa, se observa nítido en las
elecciones de este domingo en Colombia y las próximas en México.
En Venezuela la oscilación hacia la izquierda todavía no ha terminado. Pese a la farsa electoral y a que pocos gobiernos reconocen su triunfo, Nicolas Maduro se ha legitimado a sí mismo. Tras el nuevo autogolpe, aparenta que seguirá en dirección hacia el modelo cubano. Ya dio varios pasos en esa dirección. Cerró el Congreso elegido por el pueblo y creó una Asamblea Constituyente de facto que legalizará cualquier reforma constitucional a su antojo.
La reforma servirá para sostener en palabras las barbaridades que el
régimen comete en la práctica, como quedó demostrado en las elecciones
recientes y lo advirtió el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Proscribirá
a los partidos políticos, mantendrá la hegemonía de partido oficial, conservará
un Congreso decorativo, usará a la Justicia de brazo ejecutor, permitirá solo al
periodismo oficial, controlará el internet y administrará las libertades de
expresión, reunión, educación, alimentación, de empresa y trabajo. Venezuela será
Cuba.
Que existe crisis humanitaria, inflación atrofiante, deuda impagable, corrupción impune, sanciones y expulsión de organismos multilaterales, fuga de capitales y cerebros… ¡por supuesto! Pero Maduro razona distinto: ¿Acaso Cuba no sufrió todo eso por seis décadas y todavía está ahí, mísera pero incólume; y respetada por China y Rusia, potencias que también reconocieron su triunfo?
A Maduro ya no le importa que lo califiquen de dictador, que lo aíslen o sancionen. Desatornillarlo del poder requerirá otras armas.
Que existe crisis humanitaria, inflación atrofiante, deuda impagable, corrupción impune, sanciones y expulsión de organismos multilaterales, fuga de capitales y cerebros… ¡por supuesto! Pero Maduro razona distinto: ¿Acaso Cuba no sufrió todo eso por seis décadas y todavía está ahí, mísera pero incólume; y respetada por China y Rusia, potencias que también reconocieron su triunfo?
A Maduro ya no le importa que lo califiquen de dictador, que lo aíslen o sancionen. Desatornillarlo del poder requerirá otras armas.
Otra oscilación, aunque menos brusca y en dirección contraria, la ofrece
Ecuador. El presidente Lenin Moreno nombró a un nuevo ministro de Economía, el
empresario Richard Martínez, liberal y alejado de la doctrina correísta que desembocó
en una rampante deuda pública y en profunda corrupción.
Moreno sigue enfocado en distanciarse de Rafael Correa de quien fue su
vicepresidente en el primer período de gobierno. Ordenó retirarle una onerosa
custodia en Bélgica donde reside como ex presidente; lo inhabilitó para volver
a la Presidencia a través de un referéndum que prohibió la reelección por más
de dos períodos y lo mantiene inquieto con investigaciones sobre corrupción,
con las que eliminó a varios resabios correístas del Palacio y encarceló al último
vicepresidente de Correa, Jorge Glas, por recibir sobornos de Odebrecht.
Sin embargo, el golpe más duro se lo dio en estos días cuando envió al Congreso una reforma a la Ley de Comunicación, el instrumento maquiavélico creado por Correa para silenciar a los medios y a la oposición. Correa usó la figura del “linchamiento mediático” para disciplinar a los críticos, limitar las denuncias sobre corrupción y evitar resistencias para gobernar a sus anchas.
Esta semana, ante nuestra delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, Moreno explicó que eliminaba la Supercom, un organismo del Poder Ejecutivo con el que a fuerza de multas abultadas y sanciones, Correa persiguió a periodistas, cerró y confiscó medios, generando autocensura. También buscará eliminar la definición constitucional de que la información es un “servicio público”, con la que el correísmo justificó la creación de esa Ley de Comunicación.
Sin embargo, el golpe más duro se lo dio en estos días cuando envió al Congreso una reforma a la Ley de Comunicación, el instrumento maquiavélico creado por Correa para silenciar a los medios y a la oposición. Correa usó la figura del “linchamiento mediático” para disciplinar a los críticos, limitar las denuncias sobre corrupción y evitar resistencias para gobernar a sus anchas.
Esta semana, ante nuestra delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, Moreno explicó que eliminaba la Supercom, un organismo del Poder Ejecutivo con el que a fuerza de multas abultadas y sanciones, Correa persiguió a periodistas, cerró y confiscó medios, generando autocensura. También buscará eliminar la definición constitucional de que la información es un “servicio público”, con la que el correísmo justificó la creación de esa Ley de Comunicación.
La reforma legislativa no es la panacea para el Periodismo; todavía contiene
varios elementos “marca” Correa, quien creía que la información, las opiniones o
el pensamiento deben ser regulados y autorizados por el Estado. La reforma no
evita que el gobierno pueda seguir entrometiéndose en los contenidos, aunque no
al nivel de Correa, que no permitía a los medios tener otros negocios, informar
sobre desastres naturales antes que el gobierno o que multaba a los que omitían
informar lo que él consideraba importante, básicamente todos sus actos públicos.
El cambio no es suficiente, pero va por buen camino. A diferencia del
clima autoritario que Correa infundió en sus 10 años de gobierno, con Moreno se
respira un nuevo aire que permite a Ecuador seguir oscilando hacia un sistema
de mayores libertades. trottiart@gmail.com
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