No hay ya muchas dudas sobre que Argentina, en materia de libertad de Prensa, se está convirtiendo en un estado chavista, donde el gobierno clama todo para sí y dispone lo que los medios de comunicación deben hacer y decir.
La más flamante arremetida ocurrió este jueves en el Senado federal argentino. Se votó finalmente la ley que le permitirá al gobierno controlar la fábrica de Papel Prensa, mediante la cual podrá intervenir a esta sociedad que el estado tiene con los diarios Clarín y La Nación, y así establecer los cupos que le dará de papel a cada diario, con lo que podrá discriminar a aquellos que no se comportan adecuadamente con las líneas oficiales.
Esto no es un disparate. El gobierno de Cristina de Kirchner hace rato que utiliza la discriminación como método de persuasión y castigo contra los medios. La distribución de la publicidad oficial es usada en ese sentido, por lo que medios chicos pero propagandísticos a favor del gobierno reciben millonarias sumas de pauta publicitaria.
Este jueves el Senado sancionó - con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención - la ley que la semana pasada había aprobado la Cámara de Diputados, que regulará, a través del Ministerio de Economía, los precios, la comercialización y la producción del insumo, bajo la consigna de que el papel para diarios es de “interés público”.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha planteado que la única forma que puede resarcirse este atropello a la libertad de prensa es mediante la justicia.
La ley se contrapone al Art. 32 de la Constitución argentina que establece que el Congreso no puede dictar ninguna ley que viole la libertad de prensa.
También en esta semana, y en episodios que no parecen aislados, Cablevisión, una de las empresas del Grupo Clarín fue intervenida por orden de un juez; mientras que otro dictó una medida contra el diario La Nación por una deuda impositiva que la Corte Suprema de Justicia había ordenado no pagar.
Es evidente que el gobierno también usa parte de la justicia para sus fines políticos, por lo que cualquier recurso de inconstitucionalidad que se presente, no es garantía automática para que se deje sin efecto la ley del papel.
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