Escándalos sexuales y económicos

A juzgar por los escándalos más recientes, parece que las causas de la corrupción tienen un tono diferente en los países más ricos y en los menos desarrollados. En las naciones pobres, la corrupción a menudo se ve ligada a los delitos económicos; mientras que en las ricas, está más asociada a trasgresiones de tipo sexual.

Así se desprende del caso del diputado demócrata estadounidense, Anthony Weiner, quien tuvo que renunciar hace unos días por exhibicionismo sexual, mientras en Brasil, el jefe de gabinete ministerial, Antonio Palocci, dimitió por denuncias de enriquecimiento ilícito; ambos por presión de sus colegas y ciudadanos.

Bajo el mismo patrón de conducta de Palocci, en Latinoamérica casi todos los días explotan casos ligados a enriquecimiento ilícito, fraude, soborno, malversación de fondos o se descubre que alguna campaña electoral está siendo subvencionada con fondos foráneos, como acostumbra hacer el presidente Hugo Chávez. Mientras tanto, en Estados Unidos, el de Weiner, a pesar de ser un caso con alta repercusión en los medios, tanto por sus fantasiosos argumentos para negar los hechos como por la exhibición creativa de sus genitales a través de Twitter, se trató de un caso menor comparado a otros escándalos sexuales aún frescos en la memoria.

El más patético lo protagonizó el famoso ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. No fue un simple caso de adulterio; su amante por 20 años, empleada doméstica con quien tuvo un hijo, convivía bajo el mismo techo con su esposa y sus otros cuatro hijos. Un caso hasta más enfermizo le correspondió al ahora ex presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, a quien se acusó de intento de violación contra una camarera en un hotel neyorkino.

Otros hechos tuvieron líneas difusas entre el sexo y el dinero, acabando con las aspiraciones de los involucrados. Como las mentiras del senador John Edwards, quien habría usado fondos de la campaña electoral para tapar una relación e hijo extramaritales, mientras su esposa batallaba contra un cáncer que terminó por vencerla en diciembre. O las del gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, quien acabó confesando que usaba dineros públicos para visitar a su amante en Argentina, mientras su señora y electores lo creían de vacaciones.

En América Latina no es que los políticos rehúyan a líos de faldas, pero no ocasionan polémicas mayores. La cultura machista diluye pormenores, calla denuncias y todo lo convierte en anécdotas y chacota. Las infidelidades o desviaciones sexuales no cortan carreras políticas ni activan renuncias. Los ejemplos sobran. Así sean las aventuras sexuales del ex obispo católico y presidente del Paraguay, Fernando Lugo; las infidelidades y tardanza de Alejandro Toledo y Carlos Menem para reconocer a sus hijos fuera del matrimonio o las evasivas de Daniel Ortega sobre las imputaciones de violación sexual que le hizo su hijastra.

En los países desarrollados también algunos políticos logran inmunidad sexual. Así sobrevive el italiano Silvio Berlusconi, pese a sus filmadas orgías con menores, o resistió Bill Clinton, argumentando que el coito oral con Mónica Lewinsky no era sexo. Tampoco en estos países del llamado primer mundo se pueden descartar problemas de fraude y corrupción, pero son delitos más perseguidos. En general, la corrupción está más enquistada en la actividad privada que en la administración pública, debido a una mejor cultura de transparencia y más regulaciones sobre rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Los problemas suceden con más frecuencia en compañías privadas, a través de personajes estilo Madoff o en las multinacionales que sobornan en el extranjero, como la sueca Skanka en Argentina, la noruega Discovery Petroleum en Perú o la la estadounidense Dole en Colombia.

En realidad no importa tanto que la corrupción esté ligada a delitos económicos, libidos desbocados o a faltas éticas; lo importante es que los ciudadanos deben exigir conductas ejemplares, como la renuncia de Weiner, para que se incentive una cultura de mayor honestidad en la función pública.

La gran diferencia sobre la conducta corrupta por mentiras, sexo o dinero, no radica tanto en sus causas, como sí en el nivel de severidad y eficiencia judicial con la que se castiga y trata de controlar.