Acceso y transparencia

Desde épocas inmemoriales, los gobernantes y gobernados han estado en un tiro y afloje sobre el derecho a saber; a estar informados sobre la cosa pública. América Latina ha vivido épocas de oscurantismo fomentadas por autocracias caudillistas, botas militares o más recientemente, por democracias chúcaras que patalean cuando los ciudadanos y los medios las quieren fiscalizar.

Sin embargo, gracias a las leyes de acceso a la información pública que se están reproduciendo en toda la región, esa cultura al silencio se está desvaneciendo dando paso a una saludable tendencia a la apertura. El histórico lema de las revoluciones independentistas “el pueblo quiere saber de qué se trata”, está cobrando fuerza e instala al ciudadano como protagonista y soberano, mientras obliga al funcionario a rendir cuentas sobre lo que se le ha dado en comodato.

La tendencia es notable. Un lustro atrás, el tema del acceso a la información pública era incipiente o casi desconocido. En las últimas semanas, Guatemala y Chile sancionaron leyes, sumándose a Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, tomando como modelo el Freedom of Information Act que Estados Unidos adoptó en 1966. En otros países, como Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana y Uruguay, hay fuertes presiones para que sus congresos aprueben o retomen proyectos de ley al respecto.

Latinoamérica ya no está a la retaguardia de un club que en el mundo lo conforman 85 países con este tipo de legislación. Está incluso por delante de España, sobre el que un informe de la organización Access Info Europe, dijo que el ciudadano peticionario recibe de su gobierno un “silencio administrativo” como respuesta.
En la ceremonia de clausura de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid y tras reclamar a España para que adopte un marco legal de “inmediato” bajo preceptos de “rapidez, gratuidad y eficiencia”, como 22 de los 27 países de la Comunidad Europea, el presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, no dejó pasar un minuto. Se comprometió a pasar una ley durante la actual legislatura. Fue ovacionado.
Las leyes de acceso latinoamericanas no son la panacea, distan de ser perfectas. Pero al menos han comenzado con un proceso sin fin para crear una nueva cultura de la transparencia. Estados Unidos, que posee la mejor, acaba de reformarla atendiendo reclamos de mayor publicidad por las fotos de féretros traídos desde Irak que el Pentágono trató de censurar.

En Perú la ley es muy buena, sirvió para obligar al Estado a que revele operaciones antiterroristas contra Sendero Luminoso en la década del 80; sin embargo, no puede hacer que los propios legisladores que la dictaron rindan cuentas sobre sus salarios y gastos operativos. La de República Dominicana exige presentar las solicitudes por escrito, mientras que en otras naciones los trámites de petición son muy onerosos o no existe un tribunal que solucione el conflicto entre el peticionario y el funcionario, o penalice a éste último en caso de que se niegue a informar oportuna y adecuadamente.

No muchos países cumplen todavía con los principios sobre “máxima divulgación, transparencia y publicidad”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, bajo la presunción de que toda información debe ser accesible a los particulares, con un sistema restringido de excepciones, como puede ser la seguridad nacional.

Los Estados no sólo tienen que adoptar este tipo de leyes, sino desplegar su vocación pedagógica, con campañas de educación y permitiendo trámites cada vez más fáciles y expeditos. México es un claro ejemplo. El IFAI, organismo encargado, gasta millones de dólares en publicidad y programas educativos sobre los mecanismos de petición, y no es casualidad que la administración pública haya recibido más de 80 mil solicitudes el año pasado y contestado en forma satisfactoria el 80 por ciento de ellas, como la que obligó a la Procuraduría a divulgar archivos del ex presidente Echeverría sobre la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Al Estado no le queda otra opción que erradicar la cultura del silencio. Su mandato es asumir un papel proactivo, ofreciendo un andamiaje legal y jurídico para que todos puedan acceder a la información pública. Así construirá democracia.