Murdoch y la prensa criminal

La decisión del magnate Rupert Murdoch de cerrar su sensacionalista periódico dominical News of the World, fue tan drástica y sorpresiva, como necesaria y acertada. Es que ese tabloide inglés hace rato había perdido la brújula de la ética profesional y abrazado un periodismo de tintes criminales.

No es bueno celebrar el cierre de un medio, menos cuando casi tres millones de personas lo compraban. En los mejores de sus 168 años, el “NoW” fue el periódico más leído del mundo, pero lo que al final sopesó en su caída, no fue qué tipo de información publicaba o cómo la desplegaba, sino cómo la obtenía.

Sus aceitadas prácticas de sobornar a sus fuentes, entrometerse en la privacidad de poderosos, príncipes y comunes, pinchando teléfonos y computadoras, no solo arrastraron al abismo a sus periodistas y ejecutivos, sino que pusieron en riesgo la credibilidad de toda la profesión.

El arte del periodismo radica en iluminar los problemas, establecer la agenda pública o satisfacer al público con primicias, pero también en cómo se investigan y obtienen las noticias. De ahí el desmérito de aquella información conseguida mediante artilugios, así sean cámaras escondidas o pago de favores a fuentes e informantes.

Es peor aún cuando no se distinguen los límites entre la ética y lo legal. Las prácticas delictivas del “NoW” revirtieron las bases del buen periodismo, convirtiendo a los reporteros en espías, situándolos a la par de agentes de servicios de inteligencia como los de Argentina, Perú y Colombia, que hace poco ganaron fama por interceptar teléfonos y espiar correos de opositores, jueces y periodistas.

Ni en el Perú de la “prensa chicha”, impulsada por la dupla de Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori, se vio un periodismo tan corrupto.  Y eso que los vladivideos revelaron las oscuras destrezas de tabloides, programas de radio y TV, en los que el gobierno compraba conciencias y titulares para difamar a opositores o los manipulaba como laboratorios de rumores y escarnios.

Pero desde la perspectiva periodística, hasta esa situación fue menos engorrosa, porque la prensa era la sobornada y cómplice de delitos. En contraste, en el tabloide de Murdoch, los periodistas crearon, orquestaron y ejecutaron campañas viles para obtener exclusivas amarillistas, como espiar a quienes perdieron a sus hijos en la guerra, intervenir el teléfono de los padres de Milly Dowler, una niña de 13 años secuestrada y asesinada, o apostar espías entre poderosos y la realeza.

La pérdida de credibilidad no es el único ni el mayor problema que atrajo “NoW”. Muchos políticos, no solo los ingleses, están tentados o reafirman sus planes de regular aún más a la prensa. Cristina de Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez hace rato que emprendieron esa meta y sueñan con ver algún día cerrados a Clarín, El Universo y Globovisión.

Estos gobiernos sudamericanos ya se han instituido en celadores de la moral pública señalando a quienes se excedan en los colores de sus noticias, así sean rojas, amarillas o rosas. Kirchner acaba de prohibir por decreto la difusión de avisos publicitarios con ofertas de sexo; Correa busca sancionar su Ley de Comunicación que prohibirá la difusión de noticias y fotos sobre sexo o violencia; mientras Chávez, censura fotos de morgues y cárceles, argumentando decencia para tapar corrupción e ineficiencia.

Si el gobierno inglés no distingue los casos criminales que involucran a periodistas y ejecutivos de “NoW” de otras faltas éticas que tiene la prensa amarillista inglesa, dará mal ejemplo a aquellos regímenes autoritarios que quieren legitimar sus regulaciones, espejándose en las acciones de gobiernos democráticos. Si apuesta por disciplinar o cerrar el Consejo de Prensa, ente de autorregulación al que acusa de inoperancia, sería incluso un mal precedente para los periódicos de Chile, Perú, Panamá y Bolivia, que a semejanza de los ingleses, crearon tribunales de ética para disuadir a los gobiernos de reglamentar y entrometerse con sus contenidos.

El cierre de “NoW” no debe servir para enterrar delitos, ni que sus periodistas reciban privilegios para evadir la justicia. Un castigo riguroso serviría para aislar el escándalo y para que dejen de frotarse las manos aquellos políticos que siempre están pensando en regular conductas.