Libertad de prensa, Parte III

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe libertad de prensa por el solo hecho de que toleran medios críticos, pero también es cierto que la prensa independiente que alza la voz, investiga, denuncia y critica sufre serias represalias.
Abusos de los gobiernos. La “mala propaganda” que los gobiernos dicen recibir de parte de los medios “opositores” se combate con campañas de desprestigio, agravios, leyes restrictivas, discriminación de la publicidad oficial, presión fiscal, acoso judicial, negativa al acceso a información oficial, uso de prensa estatal como si fuera gubernamental y adquisición de medios privados a través de testaferros o expropiación.
En julio pasado, en un informe trimestral sobre libertad de prensa, la SIP resaltó campañas de propaganda política pagadas que fueron denunciadas por diferentes ONG nacionales en Argentina, Ecuador y Guatemala. Tanto los presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa como Álvaro Colom promueven campañas de publicidad en las que se acusa a medios y periodistas de desestabilizar a sus gobiernos.
Esas campañas apuntan a restar credibilidad a las denuncias de corrupción en la administración pública y anular opiniones críticas.
Resultan preocupantes ciertos problemas legales y judiciales, como la aprobación de una ley de Régimen Electoral en Bolivia que sanciona a los medios por la divulgación de entrevistas y opiniones que favorezcan a los candidatos; una enmienda constitucional en Brasil que restablece la obligatoriedad del diploma en periodismo para ejercer la profesión; proyectos de ley en Perú y Colombia que establecen duras sanciones penales para quienes infrinjan normas sobre protección de la adolescencia y una reforma al Código Civil en Chile, que descarta limitaciones a las indemnizaciones a los medios por demandas de difamación.
Sin embargo, la mayor tensión sobre temas legales entre gobiernos y medios se da con las leyes de prensa. Así como en 2004 la agenda pública en Venezuela fue dominada por la Ley de Responsabilidad Social impuesta por Chávez, que terminó de convertirse en un instrumento de mayor injerencia gubernamental en los medios independientes, ahora el mismo proceso se vive en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales y en Ecuador con el proyecto de ley de comunicación. Ambas, en teoría, son leyes que favorecen sistemas de comunicación más abiertos, pero en la práctica pueden terminar emulando la experiencia venezolana.
Chávez se aprovechó de esta ley para cerrar RCTV, 32 emisoras y otros cinco canales de cable, y llenó ese vacío con medios propios.
Correa expropió numerosos medios y acaba de lanzar dos periódicos propios que compiten con otros privados.
Ortega y Kirchner compran medios privados a través de testaferros y hacen expulsar a aquellos periodistas que mantienen líneas independientes al Gobierno.
Para este tipo de abusos, los gobiernos suelen aprovecharse de poderes judiciales sometidos. Chávez se las ingenia así para encarcelar a periodistas y a políticos opositores, como el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez o el periodista Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, cadena independiente de la que Chávez jura que tendrá el mismo destino que RCTV.
El ataque a la prensa privada más consistente es el que desató el gobierno de Cristina Fernández contra el Grupo Clarín. Periodistas, ejecutivos del diario y sus familiares son blanco permanente de agresiones en los discursos oficiales y en las redes sociales.
Pero las mayores embestidas provienen de medidas directas –tanto judiciales y políticas como económicas– como la nueva ley de medios, que es reglamentada a pesar de amparos; el cuestionamiento sobre la propiedad de Papel Prensa, de la que los diarios Clarín y La Nación son socios junto con el Estado; un proyecto de ley que busca reglamentar la producción y comercialización de papel para diarios; trabas a la distribución de diarios; caducidad de licencias para la provisión de servicios de Internet y reordenamiento de la grilla televisiva para beneficiar a medios “amigos”. Sobre esto, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, observó la evidente intención del Gobierno de “controlar a los medios independientes”, acciones a las que consideró que “conforman una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos”.
Otras dificultades afectan a los medios de todo el país, tales como la falta de una ley nacional que garantice el acceso a la información oficial, la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder, el abuso de los medios públicos para promocionar el discurso oficial y la discriminación en materia de publicidad oficial.
En este sentido, no hay censura tan solapada y abominable como el uso discriminatorio de la publicidad oficial que utilizan muchos gobiernos para castigar económicamente a los medios y periodistas que los critican o para premiar a aquellos que los favorecen.
La diputada Silvana Giudici (UCR), en una nota de opinión del 12 de agosto en La Nación, denunció que los niveles de gasto en publicidad oficial vienen aumentando de manera considerable, con 800 millones este año, para lo cual argumentó a favor de un proyecto de ley que busca imponer restricciones para que el Gobierno no pueda discriminar a los medios.