Sin solidaridad periodistas mexicanos

Comparto una entrevista que me hicieron y publica hoy Conciencia Pública desde Guadalajara México, sobre la violencia contra los periodistas en México: http://bit.ly/b0BzRx

Conciencia Públicao (CP): México se ha convertido en uno de los países del mundo más violentos y peligrosos por consecuencia de la lucha del Estado Mexicano contra los cárteles de la droga. En este contexto el ejercicio periodístico se convierte de alto riesgo. El asunto es que no existe una política de Estado que garantice la profesión periodística o permita reducir sus riesgos en el ejercicio de la misma. ¿Cómo ve la SIP esta problemática?

Ricardo Trotti (RT): Se necesita una amplia reforma legal a nivel nacional, más allá de lo que los estados puedan hacer y adoptar, por ej. mecanismos especiales de protección. La SIP viene insistiendo en la federalización de los crímenes contra periodistas, que los plazos de prescripción aumenten, que las penas para los delitos contra la libertad de expresión sean superiores y que no haya beneficios penales por este tipo de delitos contra la libertad de expresión.

CP: Sucedió la pasada semana el secuestro de cuatro periodistas en Durango, tres eran enviados de medios de comunicación de la Ciudad de México. El Grupo que los secuestró exigió - a cambio de su liberación- que transmitieran sus mensajes por TV...el único que lo hizo fue el Grupo Milenio... Televisa prefirió en forma de protesta decidió que el programa de Denis Mercker apareciera en blanco y negro, sin ningún mensaje, durante la hora que es el tiempo que le corresponde al programa. ¿Qué es lo conveniente debe hacer el medio frente a este tipo de situaciones? ¿Atender la demanda de los criminales o protestar como lo hizo Televisa?

RT: No se pueden juzgar las estrategias o líneas editoriales que adoptan los medios. Todas son válidas. Sin embargo, muchas de ellas deberían apuntar a la solidaridad y unión del gremio periodístico. A buscar métodos de presión conjunta para lograr cambios, así sean legales, como también estrategias conjuntas que permitan publicar notas e investigaciones entre varios medios para que nadie pudiera ser individualizado.

Existe un alto riesgo de atender las demandas por cuanto se está lidiando con gente sin escrúpulos ni principios, lo que derivaría luego en demandas cada vez más severas que podrían perjudicar todas las decisiones editoriales de los medios. En cuanto a las protestas están bien, aunque se necesitan estrategias, lo importante es siempre protestar pero incluso cuando los hechos le suceden a medios y periodistas de la competencia o de otras ciudades. Hay una responsabilidad profesional o lealtad periodística por la cual no se pueden hacer distinciones. Cuando algún periodista o medios es atacado o violentado debe considerarse un ataque contra todo el gremio y contra toda la población, ya que se priva a esta del goce al derecho a la información.

CP: No se ha visto interés por parte del Gobierno de México por impulsar una política de estado de protección al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión. Se creó una Fiscalía Especial para Atender Delitos contra Periodistas...pero no se le dotó de facultades ni de recursos. Es paradójico que en estos cinco años de su existencia, es cuando ha aumentado el número de asesinatos y agresiones a periodistas. Su creación ha sido inútil. El primer fiscal, David Vera Vega recibió 108 denuncias. Pero casi la totalidad no se resolvió.
- ¿Cómo vio la SIP esta acción y esfuerzo del Gobierno de Vicente Fox?

RT: La SIP, en primera instancia, en 2006, agradeció al presidente Vicente Fox la creación de la Fiscalía, un reclamo de años. Pero luego le reclamó la falta de presupuesto y de recursos, y especialmente, que no tenía competencia de investigación ni de acusación. No se trataba de una fiscalía sino prácticamente de una oficina de derechos humanos. Este febrero de 2010, la SIP reclamó durante una misión en México al entonces Secretario de Gobernación, Gómez Mont. Se cambió de inmediato el fiscal, y se comprometió el Gobierno a reorientar la Fiscalía, lo que finalmente fue aprobado este julio, con la FEADLE, la que sí opera como Fiscalía y tiene potestad para hacerlo. Tenemos la esperanza de que pueda haber avances sobre varias investigaciones y casos de crímenes.

CP: Una demanda de la SIP y periodistas mexicanos ha sido la federalización de las agresiones y delitos contra periodistas. La anterior Legislatura Federal la aprobó, pero no ha alcanzado rango de ley, porque no ha librado la aduana de la Cámara de Senadores. La Ley no ha tenido aplicación. ¿Qué estrategias se recomiendan para que la Cámara de Senadores la apruebe?

RT: Creemos que ahora más que nunca, a raíz de la anuencia del gobierno a analizar todos los temas de seguridad, especialmente luego de los secuestros de los cuatro periodistas, están dadas las condiciones para que se llegue a la federalización. Creemos que hay anuencia y que la presión nacional e internacional favorecerá para que se de este paso requerido ya por muchas organizaciones nacionales e internacionales.

¿Cómo califica la SIP la impunidad que sufre el sector de la prensa en México? ¿México es de los países donde hay mayor impunidad en el contexto
de América Latina? ¿Cómo combatir y enfrentar la impunidad?

RT: Es el país con mayores problemas de violencia e impunidad en este momento en las Américas. Se necesitan reformas legales que jamás podrán concretarse si es que no hay voluntad política. Se deben establecer mecanismos a nivel federal pero esto no debe interpretarse como que los estados pierden autonomía o se desligan de los casos o las investigaciones. Debe haber mecanismos de trabajo conjunto, responsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, entre las policías judiciales, investigaciones y procesamientos conjuntos. Los códigos procesales penales deben reformarse para dar cabida al agravamiento de penas y las regulaciones penitenciarias estatales deben reformularse, para que los procesados y condenados no reciban beneficios penales. Debe contemplarse crear una cultura legal, judicial y policial para que los crímenes contra la libertad de expresión sean considerados delitos graves, porque no solo se atenta contra la vida de un ser humano, sino contra el derecho del público a recibir información.

CP: Qué recomienda la SIP para cubrir hechos en los que está involucrado el narcotráfico...asesinatos, secuestros, extorsiones... Es obvio que a la criminalidad no le conviene una prensa libre y por eso la amenazan y la golpean...
¿Qué garantías debe de ofrecer los directivos a los periodistas que mandan a cubrir en esas zonas de alta violencia y a los periodistas que allí viven?

RT: De esto se desprenden varias responsabilidades que tienen que ver con la ética profesional. La solidaridad, la protección, la seguridad y la unión del gremio periodístico devienen de la lealtad a la profesión, un “mandamiento” profesional que no puede quedar soslayado. Los medios deben velar por tener ciertos protocolos de seguridad, así como es útil poseer un código de estilo periodístico o un manual de procedimiento. No deben escatimarse esfuerzos para la capacitación de los periodistas y fotógrafos. Deben existir reglas muy claras sobre el tratamiento de la información sobre sucesos y aspectos de violencia. El periodista por lealtad a su profesión no puede esperar todo del medio, tiene un deber individual de capacitación y superación, además de tener propios protocolos de seguridad. Existen suficientes recursos en el internet para ello. Y es necesaria la creación de nuevas asociaciones de periodistas y medios capaces de velar, proteger y ejercer influencia sobre estos temas.

CP: Evidente hay una ley mordaza en las zonas donde la fuerza de los cárteles rebasa al Estado: Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua -por citar algunos ejemplos. Publicar y hacer periodismo de investigación es casi una sentencia de muerte. ¿Qué hacer ante esta terrible situación?

RT: Es verdad que los riesgos son muy altos y caros; y no se puede juzgar los diferentes criterios editoriales asumidos por los medios y periodistas, así sean en materia de autorregulación o de autocensura. Sin embargo, está en la esencia periodística buscar siempre los caminos más creativos y estratégicos para sortear estos escollos, así sea mediante la publicación conjunta de notas entre varios medios, publicar notas en páginas de internet, denunciar hechos a través de las redes sociales, etc…

Lo importante, sin embargo, es que la política editorial adoptada y la violencia que la ha generado sea parte constante y transparente en las publicaciones. El público debe saber que hay información que no es publicada, no dicha, y que el medio está haciendo todo a su alcance para proteger la vida de sus periodistas pero a su vez publicando lo más que puede. El público debe saber que existe una línea delgada y que transgredirla a veces acarrea consecuencias.

Si el público es parte del problema, tarde o temprano él o sus circunstancias, ejercerán presión a favor del sentido y el bien común, y de la libertad de expresión.