Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.

Los venezolanos más solos que nunca

No puedo cambiar nada de los que dije en el post anterior sobre el papel de la OEA y la fortaleza del gobierno de Venezuela dentro de la organización – mayoritaria e imperialista si uno se guiara por lo que define siempre Nicolás Maduro acusando a EE.UU. – para lograr este viernes una declaración por 29 votos contra tres (Panamá, Canadá y EE.UU.) que simplemente no hace más que respaldar todo lo dispuesto por Maduro para reprimir las protestas desde su origen el 12 de febrero.

La OEA, mejor dicho los gobiernos que en ella debatieron, le dieron la espalda al reclamo popular, para solo reparar en la violencia proveniente desde todos los sectores, olvidándose que en épocas no tan lejanas, muchos de los 29 gobiernos lucharon en contra de la violencia de Estado, esa misma que usurpó sus democracias con botas y fusiles.

Maduro obtuvo “la victoria”, muy particular porque antes denostaba a la OEA por ser brazo del imperialismo y hoy se siente triunfante porque considera que su revolución fue legitimada por la comunidad internacional. Más triunfante aún es su propaganda, que ha hecho que los países debatan y aprueben una resolución como si los estudiantes universitarios estarían intentando dar un golpe de Estado o si los opositores nucleados detrás de “la salida” la estarían buscando mediante intrigas y armas. Todo lo contrario.

La declaración de la OEA, a placer de Maduro, no reconoce que es su propio gobierno el que está achicando los espacios democráticos mediante represión al derecho de reunión, la férrea censura a los medios tradicionales y al internet, y por la criminalización de todo aquel que el gobierno considere opositor, es decir de todos los que no se pliegan al gobierno o que lo adulan por conveniencia o por temor.

Los ciudadanos venezolanos están solos, pero solo ante los gobiernos nucleados en la OEA. Hay un movimiento de ciudadanos internacional – además de la ONU, la Unión Europea -  que los siguen, apoyan y protegen.

OEA dividida x Venezuela y DDHH olvidados

Era evidente que la reunión de la OEA terminara en la nada, con la determinación de los votos del gobierno venezolano, acompañado por los del Alba y del Caricom, cuya intención certera era neutralizar cualquier declaración de censura contra Venezuela o envío de misión para investigar lo sucedido.

Los votos, por ahora, valieron más para Nicolás Maduro que dos días atrás, y después de romper relaciones diplomáticas con Panamá, había advertido que la OEA debería quedarse donde está y que deje de lado sus sueños intervencionistas aupados por EE.UU.

Esto aumenta los sentimientos de muchos que siguen creyendo que la OEA no sirve para nada, justamente el mismo pensamiento que empezó a vender el fallecido Hugo Chávez y con el que justificó otras asociaciones como Unasur, y Celac, que a diferencia de la OEA, que reúne a todos los países americanos, son ideológicamente excluyentes.

Esa exclusión y las diferencias ideológicas fueron las que justamente terminaron de inclinar la votación de ayer a favor de Venezuela. Aunque es lamentable que en el seno de la OEA se haya desconocido lo que manda la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos y libertades individuales, conculcados intencionalmente por el gobierno venezolano, hay que entender que se trata de una época política y no de la OEA. Esta, como tal, sobrevivirá más allá de los gobiernos que antes y ahora la manipulen.

En eso, al menos en eso, el secretario general José Miguel Insulza tiene razón. La OEA, como organización política, es destinataria y está manipulada por la misma polarización que está enquistada en la mayoría de los países.

Más allá de los vericuetos políticos existentes, lo más lamentable es que no se le haya siquiera tapado la boca a Maduro con su siempre diatriba a favor de la soberanía y la no injerencia; una excusa con la que siempre trata de manipular la universalidad de los derechos humanos que los gobiernos del mundo reconocieron después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa universalidad, es la que permite que el mundo entero tenga derecho a entrometerse en una nación cuando se sospecha de la violación a los derechos humanos.  

Nueva epidemia: Morir y matar en la ruta

Al juzgar por la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, la provincia de Córdoba excede las características de países subdesarrollados. Con 555 muertes durante 2013, justifica el término de “nueva epidemia” con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el fenómeno de los siniestros viales.

Las estadísticas en Córdoba son tan escalofriantes como las de toda América Latina. Según datos cruzados del Banco Mundial y la OMS, los accidentes en las carreteras causan 130 mil víctimas fatales al año, seis millones de heridos y cientos de miles de discapacitados. En algunos países, como Colombia, son la segunda causa de muerte violenta después de los homicidios.

En Córdoba se han tomado medidas diversas con resultados esquivos. Pese a leyes rigurosas, un 40% de los motociclistas no usa casco. El hecho demuestra que hace falta más prevención y educación para crear cultura, que imponer leyes.

No obstante, existen esperanzas. Este marzo se implementará la buena política de tolerancia cero al alcohol. Se disponen fuertes multas para conductores con un mínimo índice de alcohol en la sangre y se crea la figura obligatoria del “conductor designado”. La política responde a estadísticas que desde 2007 viene compilando La Voz del Interior, habiendo comprobado que la mayoría de muertos (y causantes de otras muertes) son personas menores de 35 años que conducen borrachos por las madrugadas.

En América Latina el problema es similar. Existe cuatro veces más posibilidades de morir en las rutas que en países desarrollados, como Suecia, Inglaterra y España, donde por el carné por puntos e intolerancia al exceso de velocidad, teléfonos, alcohol y drogas se redujeron drásticamente los accidentes. En cambio en la región, al alcohol hay que sumarle las rutas en mal estado, licencias mal habidas y transporte público desbordado de pasajeros, como la causa de las cuatro mil muertes en Centroamérica en 2013 y de las cinco mil y 40 mil lesionados en Colombia.

El impacto de los accidentes de tránsito no solo afecta la salud pública, sino también a las economías y el desarrollo. Por ello los organismos internacionales son advierten que la siniestralidad vial es trágica para los países en vías de desarrollo, donde ocurren el 80% de los accidentes fatales, aunque tengan solo el 20% de los automóviles. Las OMS calcula que para el 2030 las muertes en el tránsito ascenderán a 30 millones por año, superando a los decesos por sida y otras enfermedades letales.

Para evitar la tragedia, los organismos piden a los gobiernos más atención, prevención y planificación a modo de que puedan adoptar y aplicar políticas públicas para minimizar los riesgos. 

En ese sentido, restringir la ingesta de alcohol como en Córdoba es una reacción importante. Pero administrar el riesgo también implica adoptar medidas proactivas complementarias: Más educación vial, vehículos más seguros, inversión en mejoras de carreteras y calles, que no solo pasa por acondicionamiento periódico y señalización, sino también por optimizar los códigos de urbanización, con aceras y banquinas planificadas y seguras.

Precisamente, en el informe sobre el desarrollo global 2014, del Banco Mundial, bajo el título de “Riesgo y Oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo”, se demuestra que la prevención abre oportunidades, ya que las estrategias para prevenir accidentes y catástrofes, generan empleos, entre otros beneficios, además de salvar vidas.

Ello queda demostrado por los costos que los países asumen a la hora de pagar los platos rotos, en vez de prevenir. Un informe de la Policía de Tránsito de Costa Rica cifra en 1.250 millones de dólares al año – 2,5% de su PBI - los gastos en atención médica para las víctimas, los prolongados procesos con la justicia y las aseguradoras, y el impacto colateral para las familias y la productividad laboral, asociado al creciente número de discapacitados que generan los accidentes en la carretera.

Tanto en Córdoba como en Latinoamérica, además de restricciones, los gobiernos necesitan administrar el riesgo y aprovechar los beneficios económicos y sociales de la prevención. Los individuos, por otra parte, debemos asumir responsabilidades para que sea cada vez más difícil morir y matar en la carretera. 

Michelle Obama y ejemplo para Latinoamérica

La primera dama estadounidense, Michelle Obama, estuvo en Miami insistiendo con la expansión de su programa contra la obesidad infantil, “Let’s move”, que incluye una dieta sana en las escuelas y planes de ejercicio físico.

La obesidad, que ya es considerada enfermedad y epidemia, no es patrimonio solo de EE.UU., índices peores se detectan en México, Brasil y Argentina, afectando a niños, jóvenes y adultos por igual.

La visita de Michelle se dio en el cuarto aniversario del programa y cuando el gobierno de su marido está por introducir una ley para expandir los almuerzos gratuitos y saludables en las escuelas, a la vez de prohibir los anuncios sobre bebidas gaseosas y comida chatarra en las escuelas.

Así como el ex alcalde Bloomberg prohibió las bebidas azucaradas de gran tamaño en Nueva York, el gobierno de Obama ya anunció que esas bebidas y la comida con alto porcentaje de grasas serán prohibidas en las escuelas.

El optimismo de los Obama por fortalecer el programa “Let’s move” deviene de las últimas estadísticas ofrecidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por primera vez en diez años, se redujo en 43% el número de niños obesos entre 2 y 5 años de edad.

Los datos certifican que la apuesta de Michelle era la correcta – pese a que a las primeras damas se les exigía abrazar causas más “importantes” - ya que está ayudando, administrativa, legal, pero sobre todo, culturalmente, a cambiar los hábitos de una población infantil que por comer mal y no hacer ejercicio, estaba destinada a la obesidad y a las enfermedades colaterales que atrae, como la diabetes II y las relacionadas al hígado y corazón.

Ante la epidemia de obesidad que está moldeando e hipotecando el futuro de muchos países latinoamericanos, el programa de Michelle (pero sobre todo los resultados) se muestra como un ejemplo y una apuesta gubernamental a seguir.

Propaganda, marchas y contrmarchas y Constitución

La virtud esencial de una Constitución es garantizar las libertades individuales de los ciudadanos; pero, más aún, imponer limitaciones y restricciones al gobierno para que no pueda pisotearlas.

En varios países esa virtud está desvirtuada. Los gobiernos las usan para crearse prerrogativas, más que para imponerse límites. De ahí la popularidad de reformas para eternizarse en el poder, como lo consiguió este mes el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; o para restringir derechos de los ciudadanos, como se estableció en las nuevas constituciones de Ecuador y Venezuela, creándose mecanismos para defender a los gobernantes de las críticas, institucionalizándose la censura de expresión y de prensa.

En esa confusión, aprovechada por los populismos latinoamericanos de todas las ideologías - desde el peronismo al kirchnerismo y del fujimorismo al chavismo – las autoridades justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de neutralizar a la oposición y la disidencia.

Pocos reparan en los abusos de privilegio con los que el gobierno, creyéndose Estado, dilapida fondos públicos para su propia conveniencia. Así, hay presidentes que gastan horas hablando en cadenas nacionales por cualquier cosa, tienen batallones de cibermilitantes y programas de TV para insultar a sus críticos u ofrecen Fútbol para Todos como prioridad social. En esa tendencia al pan y circo, otros compran y crean medios, y hasta obligan a empleados estatales a participar de marchas, para contrarrestar otras protestas públicas.

El gobierno de Nicolás Maduro da lección sobre estos abusos. A cada una de las marchas que organizaron los estudiantes universitarios y la oposición, respondió con contramarchas en su honor y para hacer valer la fuerza política de su revolución. No importó si utilizaba recursos del Estado, empleados de la petrolera estatal, o si reprimía el derecho de reunión, que el gobierno, según la Constitución, está obligado a garantizar y proteger.

Las movilizaciones de auto apoyo convocadas por los gobiernos, usuales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, son antidemocráticas, incurriendo en los mismos abusos de privilegio del que pecaría el oficialismo si se le permitiera hacer propaganda política irrestricta durante una campaña electoral. También son anticonstitucionales, no solo porque en su organización se dilapidan recursos económicos del Estado, sino porque, como sucede, con los piqueteros movilizados por el kirchnerismo o las camisas rojas y milicias del chavismo, se trata de fuerzas de choque que tienen el mandato de atemorizar y crear caos entre quienes manifiestan su descontento en marchas legítimas, con el objetivo de validar la posterior represión estatal.

Los populismos, más que el poder del pueblo, exacerban el culto al personalismo de sus líderes, de ahí su recurrencia en los métodos de la propaganda que deriva en la consabida polarización de las sociedades. En democracias más sólidas, por el contrario, el líder es visto como un servidor, alguien que tiene más deberes que derechos, más restricciones para expresarse y que está más expuesto al escrutinio público, en especial en épocas de conflictividad social cuando las palabras pueden desencadenar violencia, como advierte en sus fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nivel de democracia alcanzado por un país puede medirse por el grado de propaganda desplegado por su gobierno. Cuanta más ideología y manipulación de las ideas, menor libertad y respeto por los derechos individuales. Vale comparar a Venezuela con Chile y Brasil. Al gobierno chileno no se le ocurriría poner a sus empleados públicos en la calle para medir fuerzas con los estudiantes universitarios que reclaman gratuidad de estudios. Tampoco se esperaría de Dilma Rousseff que movilice a los trabajadores del Estado para contrarrestar las masivas protestas callejeras contra el Mundial de Fútbol.

Así como se prohíbe a un gobierno o al oficialismo hacer propaganda electoral durante época de campaña para proteger la pluralidad democrática, con el mismo fin debería restringirse la propaganda ideológica, incluidas las marchas a favor de los gobiernos, para evitar que haya abusos de privilegio y que se respeten los derechos constitucionales.

Maduro enfrenta a la verdadera revolución

Reprimir y disentir son las dos caras de una misma moneda que en Venezuela se ha acuñado gracias a la polarización que por años generó el chavismo y que hoy promueve con determinación el presidente Nicolás Maduro, a instancias de instalar un régimen cada vez más parecido al anacrónico cubano.

Maduro sigue el libreto perfecto de los hermanos Castro que han ideado reformas para conseguir simpatías y justificar un comunismo decadente que solo ha servido para acaparar miseria, destrucción y enajenar libertades de reunión y expresión, mediante represión y cárcel.

En ese ambiente polarizado, donde no existe autocrítica y las culpas las tienen todos los demás -  opositores, empresarios, gobiernos extranjeros y periodistas - Maduro ha cerrado los puños. Denuncia conspiraciones y acusa golpes de Estado, justificándose para seguir disparando fusiles y defender la revolución, en un juego maquiavélico que le sirve para desviar la atención de una crisis de ilegitimidad política e ineficiencia económica.

A sabiendas que no puede legitimarse acusando a los estudiantes universitarios de desestabilización, Maduro arremetió contra la oposición tras la marcha del miércoles que dejó tres muertos, cientos de heridos y detenidos. Mandó a encarcelar a Leopoldo López, amenazó a María Machado y se desmarcó de Henrique Capriles, incentivando la división de un grupo opositor que ya no es sólido y que diluyó sus denuncias, así sean por fraude electoral, corrupción, el lugar de nacimiento del Presidente o por la escasez de repuestos, medicamentos y alimentos.

Argumentan desde el gobierno que la defensa del régimen proviene del pueblo, pero se esconde que ese “poder popular” no es otra cosa que populismo y clientelismo acérrimos. Todo venezolano sabe que resistir al régimen es en vano, no votar a su favor implica acumular represalias, desde ser despedido o no conseguir trabajo, hasta no acceder a cupo en la escuela para sus hijos o una cama de hospital.

En esa manía por asemejarse a su idolatrada Cuba, el gobierno apunta contra los derechos de reunión y de expresión. Contra el primero, como se vio este miércoles, azuza a sus milicias populares armadas hasta los dientes y sin control, para que se filtren en las marchas a disparar y matar, y así sembrar caos y miedo.

Contra la expresión no es menos burdo. Crea leyes restrictivas e impone multas desproporcionadas para que los medios controlen su lenguaje. Para ese control  informativo, perseguido desde la época de Hugo Chávez, el gobierno se armó de periódicos, televisoras y agencias de noticias, ya sea creando nuevas o comprando privadas a las que asfixió con multas y procesos judiciales. Maduro siempre encuentra excusas para controlar. Por fotos con sangre y estadísticas de criminalidad, prohíbe a los diarios importar papel, y esta semana por mostrar la violencia en las protestas callejeras ordenó sacar del aire a las televisoras, con el mismo empeño que la semana pasada mandó a controlar su contenido por los desvalores que promocionaban sus telenovelas.

A diferencia de la primera década del gobierno de Chávez, cuando los petrodólares aceitaban la maquinaria de clientelismo de gobiernos extranjeros y su base interna, hoy Maduro no puede darse esos lujos. La gente siente el cansancio por una revolución que no terminó de cuajar. La mayor inflación del mundo, el desabastecimiento de productos básicos, la corrupción galopante y los altos índices de criminalidad, han hecho que el público vea con nostalgia épocas anteriores cuando la vida era opípara, más tranquila y menos polarizada.

Desde que Maduro asumió en abril, quemó etapas mucho más rápido que Chávez en más de una década. Primero, por su ilegitimidad, perdió credibilidad y confianza; luego, por su ineficiencia, la gente perdió miedo y respeto. Habrá que ver qué opciones quedan ahora. Algunos, como los opositores, desean “la salida”, otros creen que el régimen agudizará el control.

Es difícil predecir si el mandato popular – que ya no es más que milicias armadas y una mayoría adulada con clientelismo - le dará sostén a Maduro. Con una oposición fácil de neutralizar, quedan los estudiantes y sus marchas como los únicos para torcer el destino. Ellos saben que cuando las verdaderas revoluciones se disparan, no hay armas que las paren.