Los escándalos sexuales siempre existieron, desde el
incestuoso Calígula al pervertido Berlusconi y del infiel Clinton al torpe
Petraus. Pero ahora tienen más impacto porque se conocen con facilidad y existe
mayor conciencia sobre que las conductas impropias minan la credibilidad de las
instituciones.
Por ello fue correcta la renuncia del encumbrado
general David Petraus a la dirección de la CIA, tras una investigación del FBI
que descubrió que mantenía una relación extramarital con su biógrafa, Paula
Broadwell, una joven militar en retiro. La misma pesquisa reveló toda una trama
que ni Hollywood podría igualar, que involucra a Broadwell hostigando por celos
con Petraus a otra mujer, Jill Kelly, que a su vez mantenía comunicaciones
“inapropiadas” con el general John Allen, a quien esta semana se le relevó como
responsable del retiro de 68 mil soldados de Afganistán para el 2014.
En este retorcido y tragicómico cuadrilátero amoroso,
no se habría vulnerado la seguridad nacional, según explicó el presidente
Barack Obama el miércoles, pese a que el FBI sigue investigando más de 30 mil
páginas de correos entre los generales y las mujeres.
Más allá de si la joven Broadwell tenía información
clasificada o acceso privilegiado que hubiera puesto en riesgo la seguridad
nacional o de si se aplicará el Código Militar que castiga con degradación y
prisión de un año el delito de adulterio, quedó en evidencia que las fuerzas
armadas son más eficientes en lidiar con el enemigo en campos de batalla que en
asuntos internos. De ahí que el ministro de Defensa, León Panetta, como ocurrió
cuando explotó el escándalo entre miembros del servicio secreto estadounidense y
prostitutas en Cartagena, haya solicitado una revisión de la instrucción sobre
ética y buen comportamiento que reciben los oficiales.
En algunos países se observa con cierta incredulidad
que una relación extramarital pueda derrumbar la carrera de Petraus, así como la
de muchos políticos estadounidenses, considerándose que se trata de hechos de
índole privada. Sin embargo, esta política de “tolerancia cero”, de algo más de
dos décadas, está basada en que se espera que quien elige o acepta el servicio
público, también asume la responsabilidad de respetar estándares de honestidad
e integridad, a sabiendas que la conducta individual difícilmente puede dividirse
entre lo público y lo privado.
De ahí el mérito de algunas preguntas: ¿Puede un
funcionario ser honesto o dar la apariencia de que lo será, si se le descubre
robando un reloj de una tienda? ¿O manejando en estado de embriaguez o no
pagando sus impuestos? ¿O manteniendo una relación extramarital o acosando sexualmente
a otra persona?
Las conductas personales de los funcionarios
repercuten en la pérdida de confianza que el público ha depositado en ellos. De
ahí que algo impropio, moral o legal, merma la credibilidad de la función, como
sucedió con el italiano Silvio Berlusconi o el francés Dominique Straus-Khan.
Situación similar que por estos días vive la cadena pública inglesa BBC, que está
perdiendo el brillo de su prestigio, porque le resulta difícil explicar por qué
no investigó que su ahora fallecido conductor estrella, Jimmy Savile, era un
pederasta consumado, sobre quien pesan más de 300 denuncias de mujeres a
quienes habría abusado cuando eran menores de edad, incluso en su propia
oficina.
Se trata de un nuevo mazazo contra la credibilidad
de la prensa inglesa que todavía no cicatrizó las heridas que le dejaran
periodistas y directivos del desaparecido News of the World de Rupert Murdoch,
muchos ahora en prisión por haber interceptado llamadas telefónicas de políticos
y celebridades.
En cuanto a Panetta, es correcta la decisión de
fomentar una mayor ética entre los altos mandos militares. Pero el riesgo es
que este escándalo de Petraus sepulte vergüenzas aún mayores y todavía
irresueltas. El Pentágono estableció que en un año se registraron 3.192
denuncias de abuso sexual en las fuerzas armadas, y que 1 de cada 3 mujeres
militares ha sido asaltada sexualmente. Si se considera que las mujeres
representan el 14.5% de una fuerza de 1.4 millones de personas, se trata de un
problema mucho más grave que resolver que esta trama de infidelidades y
probables fisuras en la seguridad nacional.
