Los gobiernos y legisladores oficialistas suelen aprovechar el mes de diciembre para apresurar leyes, tal vez porque es la época en la que sus oponentes y ciudadanos ofrecen menos resistencia o tienen las defensas bajas debido a las distracciones de las celebraciones navideñas.
Así ocurre en varios países de América Latina, donde gobiernos con actitudes revanchistas, se notan más motivados a legislar en beneficio de sus estrategias políticas que por el bien común, sin importar si afectan principios básicos como la libertad de expresión.
Este diciembre en Argentina, igual que hace dos años con la Ley de Servicios Audiovisuales, el oficialismo redobló sus esfuerzos para aprobar antes de fin de año una ley que tipifique de “interés público” la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódico. El gobierno quiere que la fábrica Papel Prensa, de la que es socio minoritario junto a los diarios Clarín y La Nación, abastezca a todos los medios del país sin discriminar.
La excusa suena bien, pero es irreal, no hay desabastecimiento ni discriminación. La presidenta Cristina de Kirchner busca imponer trabas a los dos medios más críticos y, llegado el momento, confiscar la fábrica. Si bien algunos medios están a favor del apriete oficial por las prácticas monopólicas de Papel Prensa en el pasado, no advierten que se está afinando la maquinaria para controlar la información, que ya tiene entre sus armas a la publicidad oficial y a los permisos para operar medios electrónicos y servicios de internet.
En Ecuador la situación es más grave. El presidente Rafael Correa busca quórum este diciembre para apurar la sanción de su Ley de Comunicación, y así controlar los contenidos de la prensa mediante organismos oficiales de censura. Mientras tanto, en un frente internacional de batalla, juró no descansar hasta neutralizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y destruir su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Su actitud no está motivada por una mejor visión sobre la protección de los derechos humanos, sino por la venganza. Surgió tras las denuncias sobre atropellos que periodistas de su país presentaron ante la CIDH y tras un informe de la Relatoría que cuestionó sus demandas judiciales contra medios, columnistas y escritores. En represalia, Correa, alérgico a las críticas, pidió que se elimine a la CIDH y esta semana una reunión en la OEA, aglutinó consensos de varios países para que a la Relatoría se le restrinja su capacidad operativa y ni siquiera se le permita emitir comunicados ni publicar su habitual anuario sobre violaciones a la libertad de expresión, función vital de su existencia.
Por otra parte en Bolivia, el presidente Evo Morales, de capa caída por sus recientes fracasos políticos sobre el aumento del precio de la gasolina, la pérdida de las elecciones judiciales y las protestas indígenas, se las ingenió para convocar una “cumbre social” y “profundizar” sus estrategias de gobierno, entre las que propone una sorpresiva ley para democratizar a los medios de comunicación.
Como alumno de Hugo Chávez, Morales sabe que lo que no gana en las urnas o pierde en el Congreso, lo puede lograr con demagogia, invocando “el poder soberano del pueblo”. Así fabricó leyes, Constitución y decretos, y ahora perfila sus cañones contra los medios, a los que acusa hasta del pecado original.
Y este año, la época navideña trajo sorpresas hasta en el norte. El 15 de diciembre, en contradicción con el 220 aniversario de la Primera Enmienda, cláusula constitucional que prohíbe legislar sobre libertad de expresión, el Congreso de EE.UU. discutía sancionar una ley sobre piratería digital, que si bien tiene el fin loable de proteger los derechos de autor, también posee el potencial de convertirse en un instrumento para coartar la libertad en internet, lo que el gobierno dice aborrecer.
Posiblemente para el público, estas zancadillas decembrinas contra la libertad de expresión pasan más desapercibidas por tratarse de una disciplina abstracta, difícil de cuantificar, que por las fiestas navideñas. Por eso es vital que los afectados directos acudan a los tribunales no solo a defender esa libertad de todos, sino también para obligar a los gobiernos a respetar las garantías constitucionales.
