La imagen de Colombia es mejor, pero…

Desde hace una década, Colombia está mejorando su imagen como un país más seguro lo que ha redundado en beneficios políticos y económicos, atrayendo inversores que antes el narcotráfico y el narcoterrorismo repelían.
Sin embargo, un nuevo trabajo de Human Rights Watch muestra que varias de las buenas cosas en materia de seguridad pudieran ser solo apariencias, en especial sobre la violencia impune contra sindicalistas, lo que no ha mejorado ni un ápice como trata de mostrar el presidente Juan Manuel Santos y su colega Barack Obama, quienes empujan al Congreso estadounidense para que se apruebe el tratado de libre comercio entre ambos países.
Desde que inició su Presidencia, Santos ha desafiado a EEUU a firmar el tratado de lo contrario tendrá que aliarse con otros países nada amigos, como ya lo ha hecho con Venezuela, por ejemplo.
Según HRW, la impunidad es galopante. De 195 asesinatos de líderes sindicales ocurridos entre enero de 2007 y mayo de 2001, solo hubo seis condenas; estableciendo que en nueve de cada diez casos siquiera fueron identificados los acusados. Aún peor, es que siendo el país que lidera las estadísticas en asesinato de sindicalistas, 38 de ellos han sido asesinados desde que Santos asumió la presidencia en agosto de 2010, de un total de 2.886 asesinados desde 1986.
Aunque Obama y Santos lo quieran, es muy fácil que el Congreso estadounidense desista por el momento del tratado de libre comercio, ya que las evidencias de que no hay progreso definitivo son concluyentes.
El gobierno de Colombia, más allá de la buena imagen y retórica, tendrá que hacer mucho más para detener la masacre de sindicalistas, especialmente cuando muchos de los casos están relacionados al involucramiento de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, políticos y terratenientes.

Univisión contra el senador Marco Rubio

Si las denuncias que publica hoy El Nuevo Herald y The Miami Herald son verdad, la credibilidad de la poderosa cadena hispana Univisión quedaría en entredicho, además que el caso que enfrenta a la televisora con el popular senador republicano por la Florida, Marco Rubio, servirá de estudio para organizaciones dedicadas analizar y monitorear temas de ética periodística.

El conflicto a resolver trata de las acusaciones del equipo de Rubio – conservador perteneciente al Tea Party que se opone a una amnistía radical para inmigrantes indocumentados – de que la televisora lo habría presionado para participar en un programa del periodista Jorge Ramos para hablar sobre inmigración, a cambio de retirar de su programación una investigación periodística en la que se da cuenta de los problemas con la ley que tuvo un cuñado de Rubio, por cuestiones de tráfico de estupefacientes.

El director del nuevo equipo periodístico de Univisión, Isaac Lee, desmintió que haya presionado al equipo de Rubio en esas circunstancias y de esa manera, pero los reproches escritos por Rubio neutralizan estas apreciaciones. Por otro lado, el problema es que la pesquisa periodística de Univisión no es por caso reciente, sino por algo que ocurrió muchos años atrás entre la hermana del senador y su esposo, cuando Rubio tenía apenas 16 años.

En este caso, revolver la historia contra un político por cosas que le pasaron en su juventud, ni siquiera en forma directa, parece ser el consenso de que es al menos traída de los cabellos y sin mérito por convertirse en historia periodística. En curiosidad, tal vez sí; pero en periodismo duro, del que se debería suplir un equipo de investigación… huele a otra cosa.

Justamente de ese olor habrá que ver en los próximos días como Univisión trata de disiparlo, porque seguramente tendrá sus buenos motivos.

Propaganda K millonaria apunta a las elecciones

Impresionantes son los dineros del público que usa el gobierno de Cristina de Kirchner para hacer funcionar una de sus armas más preciadas: La propaganda.

Según denuncias realizadas por la diputada nacional Silvana Giudici de la Unión Cívica Radical y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el gobierno kirchnerista utiliza más de 4.000 millones de pesos (equivalente a mil millones de dólares) para solventar todo su aparto propagandístico, cada vez más aceitado, y en la recta final para las elecciones presidenciales de este próximo mes.

Los sectores de la oposición, de acuerdo al diario Perfil, están acusando al gobierno de utilizar la polémica Ley de medios para “crear y financiar una red de canales, radios y programas oficiales y beneficiar a grupos periodísticos privados ‘amigos’ del discurso del oficialismo”.

Según la diputada, los dineros públicos utilizados por el aparto gubernamental, que sobrepasan los 4.000 millones de pesos anuales, son distribuidos de la siguiente forma: 1.000 millones para imponer el discurso político en los medios públicos, repartidos entre el INCAA y la producción de contenidos, en Canal 7, Télam y Radio Nacional. 1200 millones para financiar el Fútbol para Todos; una suma menor para desarrollar la Televisión Digital Terrestre (TDT) y 1.500 millones para publicidad oficial en medios amigos.

Cuba: ¿Y los gobiernos donde están?

Con la escalada de la represión en contra de la disidencia cubana, uno se pregunta ¿dónde estará la solidaridad de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las instituciones defensoras de los derechos humanos de la región que no dicen absolutamente nada?

Se supone que el principio de derechos humanos es un principio universal por el que nadie debería temer de levantar su voz ante las injusticias y atropellos del pueblo cubano.

Los gobiernos latinoamericanos siguen solidarizándose con el régimen de los hermanos Castro y cantando loas sobre la incorporación de Cuba a la OEA. Qué lamentable que midan al gobierno y al pueblo cubano con distinta vara.

Esta es una de las vergüenzas mayores que tendrá que soportar América Latina cuando en el futuro se revea su historia.

Facebook y la ONU

No es coincidencia que esta semana, mientras en la asamblea general de Naciones Unidas varios líderes resaltaban el involucramiento de las redes sociales en experiencias positivas como la “Primavera Árabe”; Facebook y Google+, presentaban nuevas posibilidades técnicas para seguir enriqueciendo la intercomunicación entre sus usuarios y, por ende, la potencialidad de sus experiencias democratizadoras.

Los anuncios aparentan ser solo cambios cosméticos, si uno se limita a observar la nueva re categorización de amigos y la capacidad de reproducir música en Facebook o el lanzamiento abierto de Google+, con su propiedad para trasmitir videollamadas múltiples; pero, son mucho más profundos. Estas nuevas herramientas mejoran las relaciones y prácticas entre los usuarios, lo que sumado a la expansión continua de servicios, está convirtiendo a las redes sociales en los medios informativos y de trasmisión de conocimiento predilectos.

Sorprende no solo el incremento vertiginoso de sus audiencias como los 750 millones de usuarios de Facebook, los más de 200 de Twitter, la expansión continua de LinkedIn y Tumblr o los más de 30 millones que alcanzó la red social brasileña Orkut, sino que el segmento de adultos mayores de 60 años, hasta hace poco considerados analfabetos digitales, es el de más crecimiento.

Una encuesta del Proyecto Pew de Internet reveló que en Estados Unidos un 65% de los adultos usan redes sociales como Facebook o LinkedIn, un 61% más que en 2010. Esta tendencia se va replicando en otros países, no solo bajo la condición de que mejore la conexión de banda ancha para internet, sino también por el mayor desarrollo de la telefonía móvil, desde donde se está accediendo cada vez más a las redes sociales, como ocurre en América Latina.

Otros estudios de la empresa Nielsen y la fundación Knight, dados a conocer este mes, coinciden en que los usuarios de redes sociales son más activos en dar opiniones políticas, discutir, informarse y en reconocer la importancia de valores y causas democráticas que se promueven.

Estos argumentos, sumados a las experiencias vividas durante la “Primavera Árabe”, fundamentan los motivos de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, que en forma conjunta lanzaron este martes desde Nueva York, la Alianza de Gobierno Abierto. Se trata de una iniciativa basada en herramientas de acceso por internet para los ciudadanos, que permitirá combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

Ambos gobiernos lanzarán portales especiales con ese fin, pero antes tendrán que revisar sus políticas de transparencia. Brasil debería aprobar la ley de acceso a la información que duerme en el Congreso y la administración pública estadounidense mejorar su performance de rendición de cuentas. Esta semana, incluso, ambos gobiernos impusieron trabas para evitar que grupos de jóvenes, convocados a través de Twitter, protestaran libremente en Brasilia contra la corrupción de los políticos y en Nueva York, contra la avaricia de los banqueros de Wall Street.

Los usuarios de internet y redes sociales serán útiles para impulsar esta iniciativa en la que ya se han comprometido 46 países. Sin embargo, a medida que avance su importancia, mayores serán los desafíos, por lo que se necesitarán blindajes especiales contra aquellos gobiernos que quieran imponer la censura y hostiguen a los usuarios. China y Rusia, por ejemplo, con un largo historial de restricciones a internautas y blogueros, impulsaron esta semana en la ONU una resolución que crearía un “código de conducta” para la gobernanza del internet, una excusa con la intención de “legalizar” la censura. En Ecuador, la futura Ley de Comunicación incluiría posibilidades similares, que también existen en Venezuela y que se acaban de aprobar en el estado mexicano de Veracruz, donde también dos ciudadanos fueron asesinados en represalia por denunciar en Twitter a los narcotraficantes.

De todos modos y pese a que los cambios en nuestra cuentas de redes sociales pueden causar incomodidad, lo importante es que cuando Facebook, LinkedIn, Twitter o Google+ perfeccionan sus sistemas, crean nuevas posibilidades para expandir nuestros mundos y para que los gobiernos se sientan más fiscalizados y obligados a ser transparentes y democráticos.

La presión de las marchas

Sebastián Piñera y Evo Morales saben cuan eficientes son las manifestaciones públicas para seguir elucubrando sus políticas. Hoy, en los extremos de la filosofía política, están experimentando al unísono lo peligroso que resulta enfrentarse a los reclamos sociales que se manifiestan a través de marchas públicas de protesta.

Morales tuvo que cancelar su proyecto de un camino que atravesaría el país por zonas indígenas ante el reclamo masivo de sus pares y por haber permitido que la policía se ensañe contra los manifestantes. Piñera no tiene otra que sentarse a negociar con los estudiantes, después de que estos paralizaron el país en varias oportunidades en reclamo por una educación más pública, mejor y gratis, lo que ya desencadenó en varias renuncias y remociones de ministros.

Ambos presidentes tienen su popularidad por el piso y si no pegan un viraje de timón oportuno, nada podrá reivindicarles sus altos porcentajes de otrora.

En política la popularidad es así. Una medida mal tomada, como el gasolinazo de diciembre pasado en Bolivia, o el acertado rescate de los mineros de Chile en setiembre pasado, modifican de inmediato los estados de ánimo de las poblaciones. Las marchas o los reclamos de mayorías no siempre son acertados y tienen motivaciones políticas, por lo que a veces actúan con la misma demagogia que la que utilizan los políticos.

El vicio de la empleomanía demagógica

Un editorial de La Nación de Buenos Aires fue lapidario en su crítica contra el Estado argentino en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) ya que el empleo público creció un 49% - 5,1% anual – como producto de la demagogia gubernamental que reparte puestos de trabajo a granel después de cada elección.
En los últimos ocho años, el contingente de burócratas creció de 2,15 a 3,2 millones de personas. De esa forma, la Argentina clientelista superó con creces a países como Brasil con 11% de burócratas estatales, Chile con 14% y Uruguay, con 16%. El gobierno peronista K es responsable de esta demagogia.
El país está en una burbuja económica que difícilmente se desinfle para estas elecciones presidenciales de octubre que Cristina Kirchner ya tiene ganadas. Las materias primas han impulsado al país, pero eso dinero distribuido con clientelismo terminará por erosionar a un gobierno que sustenta sus votos con dádivas y puestos de trabajo públicos.
La deuda pública sube y pronto podría ser muy tarde para revertir la situación. La gente vota con el bolsillo, pero pronto si no mejoran los sistemas de seguridad, educación y salud, el dinero no alcanzará y el círculo vicioso continuará. La herencia de este gobierno no será buena.
El clientelismo, hay que reconocerlo, no solo pertenece al peronismo y al gobierno nacional. Avanza a pasos agigantados en las provincias y municipios con gobiernos de todos los colores. Dar un puesto por un voto o exigirlo por un voto es parte de la cultura argentina, un tema del que no solo debe responsabilizarse a los políticos sino también a gran parte de la población.
Cambiar esta cultura costará generaciones. Y el problema es que todavía no se observa ningún punto de inflexión o un disparador que contrarreste esta cultura.
Lamentable.