Ídolos y villanos del internet

Varias cosas sucedieron en materia de internet hoy, algunas llamativas y circunstanciales y otras importantes y trascendentales hacia futuro.

 El cantante español Alejandro Sanz pasó de una semana a otra de ídolo a villano. Después de ser vitoreado por los internautas venezolanos por apoyar y liderar una causa y protesta en contra de las reformas legislativas con las que Hugo Chávez busca censurar el internet – habiendo creado el hashtag SOSInternetVE que nucleó a cientos de miles de internautas – hoy fue vilipendiado por miles de internautas en España por apoyar la Ley Sinde, una legislación que busca terminar con la piratería de las descargas de películas, libros, música, videojuegos y software.

Finalmente la Ley en España terminó en el limbo, fue rechazada por 20 votos contra 18, ya que sus detractores aducían que se le daba competencia a un organismo regulador para cerrar webs, cuando esa potestad debería pertenecer solo a los jueces. Más allá de los argumentos, lo cierto es que quienes votaron en contra del delito de la piratería lo hicieron para no mermar su caudal de votos en próximas elecciones.

La Ley Sinde permitiría cerrar páginas webs que violan la Ley de Propiedad Intelectual. Después de la votación de hoy, el proyecto va al Senado, donde podrá ser modificado, y luego tendrá que volver a la Cámara, que solo podrá votar sobre cualquier modificación que haya hecho el Senado.
Sanz se vistió de villano en una jugada que para la legalidad y en contra de los delitos que se comenten en la red, debería ser considerado un ídolo, ya que en nombre de la libertad no se pueden justificar actos criminales. La piratería, así como la pornografía o la pederastia son delitos que no pueden ser disfrazados de libertad de expresión. Lo que sí es correcto es que la justicia es la que se debe actuar al respecto y no órganos que pueden terminar siendo utilizados políticamente.
Por otro lado, de este lado del océano, Barack Obama se convirtió en un villano para las firmas proveedoras del internet y para dos miembros republicanos de cinco que tiene la Comisión Federal de Comunicaciones, después de que la Comisión ganó por tres votos contra dos a favor de la Ley de la Neutralidad en la red.

Obama se convirtió en ídolo de una mayoría para los usuarios y pequeñas compañías que usan el internet como herramienta. La “net neutrality”, como expliqué en post de ayer se basa en que los proveedores de conexión no pueden discriminar un tráfico web sobre otro.

Obama, tras la votación, felicitó a la Comisión por aprobar unas normas que "preservan la naturaleza libre y abierta de Internet, estimulan la innovación, protegen el derecho del consumidor a poder elegir sus servicios y defienden la libertad de expresión". "Mientras la tecnología y el mercado siguen evolucionando a un rápido ritmo, mi Administración seguirá atenta para asegurarse de que la innovación da sus frutos, que los consumidores quedan protegidos de cualquier abuso y que el espíritu democrático de Internet se mantiene intacto".

Es la primera vez que el Gobierno de EE UU se pronuncia de forma oficial a favor del concepto de que la Red debería ser un medio en el que todos los proveedores de contenido deberían ser tratados del mismo modo, según reportó el diario madrileño El País.

El debate no está cerrado y deberá pronto seguir en el Congreso.

Por otro lado, lo peor de esta semana es lo que sucedió en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez se salió con la suya, logró una Ley Habilitante para gobernar por decreto por 18 meses y reformas a la Ley de Responsabilidad Social y de Telecomunicaciones, que como expliqué en post anteriores, solo sirven para censurar, bloquear, filtrar y clausurar el internet y sus mensajes, además de otras gravísimas restricciones en contra de los medios tradicionales de comunicación.

Dura condena de SIP a Venezuela y Chávez

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial. “Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”. Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación. “De nuevo ahora – agregó Marroquín - con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”. La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que, por ejemplo, "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio".  De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación. La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”. “Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.  La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de "servicio o interés público", lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente. También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social - sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios - que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado. La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

Pidió 12, le ofrecieron 24, tomó 18

Hugo Chávez es un presidente autoritario consumado que le da la espalda al voto popular. Se burló de las elecciones y de los venezolanos después de que le dijeron en las urnas el 26 de setiembre que gobierne con menos arrojo al socialismo.

Lo más triste es que él pidió a la Asamblea Legislativa que le den 12 meses en el plazo para gobernar por decreto. El servilismo de los legisladores, todavía en su mayoría oficialistas hasta que se incorpore la nueva Legislatura el 5 de enero, le ofreció 24 meses con la Ley Habilitante, hasta que después de unas “consultas con el pueblo”, es decir los propios voceros chavistas que son arrastrados a las manifestaciones como floreros de mesa, terminaron negociando 18 meses; como tratando de demostrar que no le dieron tanto poder.

En fin, lo más triste es que ningún gobierno de la región ni los organismos internacionales se inmutaron. En nombre de la soberanía Chávez está haciendo polvo la democracia.

Oportunismo autoritario

A propósito de las leyes reformadas en Venezuela y la que le da poderes cuasi absolutos a Hugo Chávez.
http://www.elnuevoherald.com/2010/12/21/857005/ricardo-trotti-oportunismo-autoritario.html

Hot debate x neutralidad en la red

Este martes se juega en parte el futuro del internet en Estados Unidos, con la discusión dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre la neutralidad en la red (“net neutrality”). Un tema complejo de agenda económica y política al mismo tiempo, ya que involucra la posición de las compañías telefónicas que no quieren que el Gobierno regule de qué forma debe ser su contenido o si pueden discriminar un contenido sobre otro, y por otro el Gobierno, en este caso del presidente Barack Obama, que quiere que se regule que esas compañías no pueden discriminara  a nadie, para que la red virtual se mantenga abierta, libre y transparente.

A pesar de que este es un tema económico (y nacional) – las compañías de telecomunicaciones no pueden ofrecer diferentes tarifas así sea banda ancha o internet de línea telefónica normal – ciertamente tiene aristas sobre libertad de expresión, lo que me hizo recordar todo el proceso de la Sociedad Mundial de la Información del que participé en representación de la SIP años atrás. Entonces, había gobiernos que querían controlar la internet a través de un nuevo organismo intergubernamental; y otros, como el de Estados Unidos y otros gobiernos de países desarrollados, que querían el status quo y que los dominios se sigan entregando desde ICANN, una compañía privada, sin fines de lucro, establecida en California. Finalmente, a pesar de la gran presión, fue ésa la posición que prevaleció.

La FCC busca establecer reglas de “net neutrality”, es decir, prevenir que los proveedores de internet puedan discriminar sobre los servicios que ofrecen y los contenidos que se distribuyen. El gobierno federal se mantuvo siempre alejado de cualquier regulación, pero decidió actuar por el temor a que los grandes proveedores de telecomunicaciones como ATT, Comcast y Verizon puedan empezar a favorecer sus productos y servicios.

El argumento de la FCC es que la “net neutrality” forzará a que los proveedores de internet deberán tratar a todo el tráfico en internet con igualdad, buscando darle a los consumidores mayor libertad para usar sus computadoras y celulares, disfrutar videos, música y otros servicios que se pueden ofrecer y para lo cual necesitan banda ancha.

El presidente Barack Obama ya había dicho en mayo de 2009  que está “firmemente comprometido con la neutralidad en la red, así podremos mantener al internet como debe ser: abierta y libre”.

Esto hará que los proveedores no podrán cobrar tarifas diferenciadas o más caras por algunos servicios, lo que favorece la posición de los carriers  como Google, Yahoo, etc…; lo que muchos consideran que es una intromisión del gobierno en cuestiones comerciales. Y sobre lo que la justicia ya se ha expedido en contra de la “net neutrality” en algún juicio.

En realidad, la neutralidad plantea una guerra de intereses entre las compañías de telecomunicaciones o proveedoras de banda ancha y las proveedoras de contenido, como Google y Amazon. Las compañías de telecomunicaciones quieren tener la libertad de cambiar su modelo de negocios de acuerdo a los cambios que irá experimentando el internet, mientras que las proveedoras de contenido favorecen una regulación que preserve el modelo de negocio actual que maximiza sus ganancias. Estas empresas han hecho lobby al respecto, tratando que las reglas de la FCC se transformen en ley, como por ejemplo, donar dinero a la campaña electoral de Obama.

En realidad sin las telecomunicaciones nadie podría tener internet, pero sin buen contenido nadie pagaría a ATT por el servicio mensual de banda ancha.

Para que la red sea neutral, la FCC está ahora pretendiendo incorporar dos reglas adicionales a las cuatro que ya tiene desde el 2005 – que ofrecen derechos y garantías de libertad a los usuarios (acceso a contenido, uso de aplicaciones, uso de dispositivos y a competencia entre proveedores) – bajo el argumento de que quiere ser más específica en fundamentar esa libertad. En un comunicado del 22 de octubre de 2009, explicaba que “busca el apoyo del público para hacer el borrador de reglas que codificarían y suplementarían los principios de apertura que tiene el internet”.

Las dos reglas adicionales establecerían: a) los proveedores de banda ancha no pueden bloquear o degradar tráfico legal en sus redes, favorecer cierto contenido o aplicaciones, ni discriminar un servicio de internet por el propio que pudieran estar ofreciendo ellos; b) los proveedores de banda ancha deben ser transparentes acerca del servicio que proveen y como están administrando sus redes.

 

Explicaba que se deben equilibrar intereses competitivos potenciales asegurando un internet abierto, seguro; con unas nuevas reglas que le permitan a los proveedores de banda ancha de internet comprometerse con una razonable administración, que incluya, pero que no esté limitado, a prácticas razonables para reducir o mitigar los efectos de la congestión de la red.

Sin embargo, estas propuestas de “net neutrality” tienen resistencia – muchos legisladores republicanos incluidos - porque se dice que pueden: limitar la utilidad del internet; sentar un precedente para regulaciones más invasivas; disuadir inversiones en redes competitivas y negarles a los providers de banda ancha la habilidad para diferenciar sus servicios; además lo que implica el riesgo de regular a la internet así como lo están las telecomunicaciones.

 

El debate es profundo y el resultado de la votación marcará la forma en que como usuarios del internet usamos y nos relacionamos con los contenidos del internet.

Assange y regulaciones al internet

El gobierno de Barack Obama está buscando la forma de ir en contra de Julian Assange por cargos de espionaje porque habría estado directamente involucrado con el robo de los 250 mil documentos a través del soldado raso, Bradley Manning, según dijo esta mañana el vicepresidente estadounidense Joe Biden en el popular programa “Meet the press”.

Si se comprueba que Assange tuvo relaciones directas con el soldado, no se trataría simplemente de un caso que tenga que ver con la libertad de informar como hasta ahora el fundador de Wikileaks y sus seguidores se estuvieron defendiendo.

Pero más allá del proceso judicial que podría devenir si el gobierno sueco lo procesa a Assange por las violaciones de dos mujeres de esa nacionalidad, sería importante que EEUU si busca su extradición se limite imputarle cargos sobre el delito cometido, pero que no se entrometa con regulaciones especiales al internet.

Justamente este caso de Wikileaks y la controversia que se ha creado entre los gobiernos del mundo, es lo que ha aprovechado Hugo Chávez para impulsar, a través de las reformas de las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social, restricciones severas para el internet y limitaciones a las redes sociales.  

Ciberactivismo y militancia cibernética

Si las revelaciones de los cables diplomáticos secretos por Wikileaks plantearon un dilema mundial sobre seguridad nacional y libertad de expresión; los ciberataques a compañías estadounidenses y europeas con el propósito de vengar la detención esta semana del fundador de ese sitio de internet, Julian Assange, pusieron en evidencia una disyuntiva aun mayor: ¿Son protestas genuinas como fundamentan los activistas involucrados o actos  criminales que deben ser censurados y perseguidos?

Algunos creen que la “Operación Venganza” lanzada por hackers y agitadores del grupo Anonymous en contra de Amazon, Mastercard, Visa, PayPal, el banco suizo PostFinance y la fiscalía sueca es sólo una forma de protesta comparable a cualquier concentración cívica. Consideran que crear “espejos” para que Wikileaks pueda seguir divulgando los cables o tomar represalias informáticas contra quienes desenchufaron los servidores y dejaron de prestar servicios al sitio de Assange, no es una acción criminal sino un acto de justicia a favor de la libertad de expresión.

Otros entienden que buscar que los sitios de internet de esas entidades colapsen no es más que vandalismo, una acción tan vil como lo son otros tipos de ataques cibernéticos, así sea la irrupción de cuentas bancarias, práctica conocida como pishing o el botnet, que consiste en infectar computadoras y controlarlas en forma remota.

Independientemente de si el activismo cibernético roza una actividad cibercriminal, lo cierto es que está creando un desafío complejo para los gobiernos, tratándose de un movimiento de contagio rápido y masivo, tan difícil de detectar como de perseguir. No es lo mismo controlar a un grupo de revoltosos que físicamente se manifiesta frente a una embajada y puede ser dispersado con gases lacrimógenos, que tener que lidiar con provocadores anónimos refugiados detrás de una computadora, que pueden actuar en grupos de alcance global, cuyas armas no son piedras ni pancartas, sino software, virus y gusanos que pueden penetrar códigos y sistemas de seguridad.

Aunque el internet y las redes sociales han servido para nutrir protestas masivas, este episodio de Wikileaks puede potenciar el lanzamiento de un movimiento ciberactivista cuya misión sería justificar cualquier causa con tal de tomar la justicia en sus propias manos, lo que podría calificarse de ciber linchamiento.

Anonymous, por ejemplo, formado por voluntarios que se definen como anarquistas, abrazó a Wikileaks después de dirigir ataques cibernéticos en contra de las industrias literaria, discográfica y cinematográfica de EEUU, Inglaterra, España y Australia, al considerar que cualquier norma anti piratería o que defienda la propiedad intelectual es contrario a la libertad que debe reinar en el mundo y en el internet.

Hasta ahora el prejuicio era que los hackers reservaban sus mejores armas de espionaje para los mega fraude bancarios o para ataques como los que sufrieron este año Google China y el sistema nuclear de Irán. Pero lo cierto es que el acceso global a las nuevas tecnologías está permitiendo cada vez más que muchos cambien los juegos en línea por actividades criminales. De ahí los dolores de cabeza de los gobiernos que deben modernizar sus leyes, adquirir tecnologías y hacer inversiones multimillonarias para responder ataques cibernéticos contra los ciudadanos o contra sus sistemas financieros, energéticos y de seguridad.

Estos ciberdelitos no paran de crecer. En EEUU los fraudes con tarjetas de crédito, las intrusiones a las computadoras personales y la difusión de pornografía infantil subieron un 48% en el último año; mientras que en China, el cibercrimen aumentó un 80% y el gobierno calcula que ocho de cada 10 computadoras conectadas al internet están afectados por botnets.

Así que aunque el presidente brasileño Lula da Silva haya defendido a Assange esta semana, pareciera que está descompasado en la discusión. Wikileaks no puso sobre la mesa solo el problema de secretos de estado y libertad de expresión. Evoluciona todo tan rápido, que el debate ya modificó hacia los ataques informáticos y podríamos estar por comenzar una gran guerra cibernética que involucra por igual a privados y gobiernos.

Habrá que seguir el progreso de este fenómeno. La decisión reciente de Facebook y Twitter, de cancelar el perfil de Anonymous, por considerar que sus actividades son ilegales, no hace más que abrir otro debate e interrogantes sobre lo que sucederá… mañana.