Se celebró el Día Mundial de
la Libertad de Prensa y en casi todos los discursos se aludió a la
proliferación de noticias falsas, el gran dolor de cabeza de esta nueva etapa
de la era digital.
Nadie hizo autocrítica ni
pidió disculpas. Sí se propusieron, y en abundancia, fórmulas para
contrarrestarlas y eliminarlas de la faz de la Tierra. Muchos gobiernos y
legisladores, consideran que la regulación es la única forma de controlar a las
fake news. Como argumento reclaman que
se debe defender la democracia, reinstaurar la confianza pública y proteger a los
usuarios en las redes sociales.
No creo que el camino sea la
regulación. Fue y es la excusa perfecta de los gobiernos autoritarios, siempre en
busca de recetas para legitimar la censura. Ante esta nueva moda reguladora,
habría que preguntarse: ¿Se debe censurar a los medios y redes sociales, por
donde se vehiculizan; o se debe castigar a quienes las originan? Y si se
reglamentaran para evitar su intromisión negativa en procesos electorales, ¿no
se corre el riesgo de caer en excesos, censurando opiniones, críticas y sátiras
de apariencia falsa, pero igualmente válidas?
El peligro es que muchos temas
periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht – habrían
podido censurarse porque en sus inicios fueron rumores y datos dudosos, que
alguien pudo haber reclamado por tratarse de noticias falsas.
Por esto creo que soportar mentiras, es el precio
a pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de
causar daño, es el precio por vivir en libertad y con libertades de prensa y
expresión.
Los legisladores no deberían
apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la
opinión pública e incentivar más debate. Si se legisla cuando todavía existe confusión,
se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.
Preocupa que la atención
sobre las mentiras esté enfocada a censurar a los medios y a las redes sociales
y no a sus usinas y fábricas. Las más perniciosas están alejadas del
Periodismo, más bien son parte de los aparatos de propaganda gubernamentales,
como lo demostró la trama rusa en EEUU.
No hay que ir tan lejos a
buscar responsables. Todos los gobiernos y partidos políticos, con la ayuda
de consultoras y de agencias, contratan ciber militantes que ofrecen servicios
de trolls y bots. El trabajo de estos centros de propaganda y manipulación es crear
cuentas de usuarios anónimas o con nombres ficticios para hacer campañas de
desprestigio, insultar o instalar trending
topics y manosear así la conversación pública. Hacerlo no requiere ni mucha
profesionalidad ni muchos recursos. Ya no hay campaña política sin estos
artilugios.
Algunos gobiernos muestran a
cabalidad los efectos y excesos que se cometen cuando se legisla sobre
contenidos y mensajes. Las leyes de propaganda enemiga y mordaza en Cuba y
Venezuela, criminalizan toda crítica, opinión e información que no se ajuste a
la “verdad oficial”, única y autorizada. Muchos periodistas y ciudadanos
cumplen sentencias de 20 años de cárcel por el delito de opinión.
Sin dudas que las noticias
falsas tienen influencia negativa en la confianza pública, debilitan las
instituciones. Son un tema a remediar. Mucho debe pasar por la autorregulación.
Facebook, Google y otras
empresas digitales necesitan hacer mayores esfuerzos para diferenciar contenidos
falsos de los que provienen de fuentes honestas. Deben ser más transparentes en
la moderación de contenidos, impedir la publicidad engañosa y evitar la
manipulación de los datos de los usuarios.
El Periodismo debe procurar más calidad en los
contenidos. Investigar y hacer del fact checking un nuevo género periodístico.
Todos, medios, redes sociales y gobiernos deben alfabetizar digitalmente a los
usuarios para que reconozcan y no viralicen las noticias falsas.
Pero donde se impone
estricta legislación es ante gobiernos y partidos políticos. Se necesita más
transparencia sobre la financiación de las campañas electorales y sobre sus sistemas
de propaganda, fábricas de fake news.
En casos de información y
contenidos, la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU es tajante. Prohíbe
al gobierno crear leyes que censuren esas libertades, incluidas las noticias
falsas. trottiart@gmail.com
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