Maduro disfrazado de superhéroe anticorrupción

A Nicolás Maduro nadie le cree, especialmente ahora que trata de zanjar sus diferencias con la anti popularidad de su mandato, disfrazándose de superhéroe anticorrupción, su caballito de batalla que anoche paseó por el congreso venezolano.

Maduro no debería pedir lo que a Hugo Chávez se le concedió en cuatro oportunidades, poderes especiales para gobernar como se le antoja sin el debido equilibrio institucional que un parlamento puede brindar en una democracia. El ejemplo de ese equilibrio o tope se puede observar claramente en el proceso de negociación entre el presidente Barack Obama y los legisladores republicanos.

Maduro ya tiene bastantes privilegios (no aclarados, tal las elecciones que ganó y su ciudadanía dudosas) como para medir mayores poderes por un año y buscar afanosamente ese diputado 99 que necesita el chavismo para dejar a Maduro intocable y amo y señor de Venezuela. Su excusa fue que tiene el deber revolucionario de combatir la corrupción capitalista, cuando todos saben que los mecanismos para combatir la corrupción, especialmente de los funcionarios públicos, ya están en su lugar y que solo falta algo de voluntad política para hacerlo.

La excusa de la corrupción, como la usó Chávez las veces anteriores también, es simplemente para aprobar leyes por decreto que se requieren para profundizar la revolución, como bien admitió en su discurso, es decir crear mayores mecanismos de control para someter al país a los designios de su voluntad y de lo que le dictan desde Cuba. Por eso habló de tribunales populares para imponer una nueva ética política, siguió hablando de burguesía apátrida a la que ahora acusó de corromper a los funcionarios de la revolución. Es decir culpó a los otros y justificó a los suyos.

Como dije en las oportunidades anteriores que se le otorgaron a Chávez poderes especiales y cuyas consecuencias se pudieron observar en los meses venideros y tras acciones autoritarias tomadas, esa asignación, por más amparada y justificada que esté en la Constitución cuando no se usa por cuestiones de causa mayor, es simplemente un mecanismo para dar auto golpes institucionales.