jueves, 12 de abril de 2012

Crímenes de odio y discriminación

Comparto mi columna de fin de semana pasado, antes de que ayer se diera a conocer que George Zimmerman, el vigilante de barrio, quien dio muerte a Trayvon bajo el argumento de que había actuado en defensa propia, fuera acusado por los fiscales de homicidio de segundo grado.

Más allá de que este agravante penal no tendrá chance de ser probado por la Fiscalía o de que los fiscales hayan accedido a las presiones y el clamor popular para procesar a Zimmerman, comienza ahora un nuevo proceso que tal vez, como muchos otros, será negociado extrajudicialmente para llegar a un acuerdo sobre el castigo que espera al victimario, lo que, lamentablemente, terminará evitando que se de un debate abierto sobre el tema de los prejuicios raciales.

Esta es mi columna:

“Los  crímenes contra el adolescente estadounidense Trayvon Martin y el joven chileno, Daniel Zamudio, relanzaron la polémica moral y legal sobre la intolerancia y los prejuicios sociales que existe en contra de las personas catalogadas como diferentes, ya sea por su raza, género u orientación sexual y religiosa.

Las estadísticas muestran que los crímenes de odio y discriminación se dan en todos los países sin distinción del grado de desarrollo alcanzado por sus sociedades. Grupos de homofóbicos, xenofóbicos, neonazis, escuadrones de la muerte o pandilleros juveniles asesinan tanto a mujeres en Ciudad Juárez o en ciudad de Guatemala; como agreden a miembros de la comunidad judía en Buenos Aires; discriminan a indígenas en La Paz; persiguen a homosexuales y lesbianas en Sao Paulo; embisten a disidentes en La Habana y atacan a asiáticos, hispanos o afroamericanos en Nueva York o Los Angeles.

Estos delitos son motivados por el clima de impunidad en un país, el vacío legal y la deficiencia policial que hace ineficiente al Estado para perseguir a los responsables; y hasta por gobernantes que atacan públicamente a ciudadanos de otras ideologías, generándose polarización y tolerancia al odio y la violencia.

En el caso de George Zimmerman, un vigilante vecinal voluntario que mató a Trayvon de un disparo el 26 de febrero en una ciudad del centro de la Florida, argumentó que actuó en defensa propia. Zimmerman, se amparó en la ley “Stand your ground”, que permite a un individuo usar fuerza letal para defenderse cuando ve comprometida su integridad, aún fuera de su propiedad.

La indignación social fue por partida doble. Primero, por el prejuicio sobre la víctima, un joven de 17 años que por su color y usar capucha durante la noche “debería estar buscando drogas”, cuando solo portaba un paquete de golosinas y una lata de té mientras hablaba con su novia en el celular. Segundo, porque el agresor, aunque llamó a la policía no esperó su llegada, hizo justicia por manos propias y no fue arrestado. Lo que todos se preguntan es si en el caso de que el afroamericano hubiera sido el agresor, la policía le hubiese permitido seguir en libertad. La respuesta es obvia.

El crimen también reabrió la polémica sobre portación de armas entre quienes no integran cuerpos oficiales de seguridad y sobre la ley de defensa propia vigente desde 2005 en Florida y propagada a 25 de los 50 estados del país, que permite que muchos se escuden en ella para matar, pero preservando su inocencia.

En el caso de Chile, Daniel  Zamudio, de 24 años, murió en un hospital el 27 de marzo con esvásticas marcadas en su cuerpo, víctima de una paliza que le propinó un grupo de neonazis por su condición de homosexual. El crimen consternó a la sociedad y atrajo el compromiso del presidente Sebastián Piñera, para reavivar una ley anti discriminación que duerme en el Congreso desde hace seis años, con la que se busca agravar el castigo para crímenes de odio.

Si bien en ambos casos se contempla revisar y crear leyes para disuadir a los violentos, también debe considerarse que las exageraciones en la legislación pueden condicionar otros derechos, como el de expresión. Sucedió en Bolivia, cuando el fin loable de una ley antirracista en vigencia desde hace dos años, terminó por coartar y condenar el derecho del público a estar informado y expresarse. 

Aun así, las leyes deberían ser duras contra quienes incentivan el odio o quieren administrar justicia por manos propias.  Como contra el Nuevo Partido Panteras Negras, que bajo el lema de “ojo por ojo, diente por diente”, ofreció 10 mil dólares de recompensa a quien capture a Zimmerman y lo entregue a esa agrupación; o contra el famoso director de cine Spike Lee, quien a través de su cuenta en Twitter dio a conocer el domicilio de la familia Zimmerman.

Trayvon y Daniel nos recuerdan que en muchos países es necesario un ordenamiento legal más adecuado, no solo para evitar que se aterrorice a algunas minorías o se proteja a quienes por sus actos o pensamientos se sienten más vulnerables, sino para crear una cultura de mayor tolerancia que permita neutralizar el odio y la discriminación”.