Los principales problemas que vive hoy la prensa americana se concentran en los crímenes contra periodistas por el solo hecho de ejercer su profesión y en gobiernos de origen democrático, pero autoritario, que utilizan los medios del Estado para perseguir y difamar a la prensa independiente.
En Brasil, tres periodistas fueron asesinados en casos en los que hay evidencias de que fueron producidos por desempeñar su trabajo, y la morosidad de la justicia estimula la impunidad, en tanto que en Haití un periodista radial murió por el mismo motivo.
Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas.
Los problemas de regulaciones y acceso a la información son recurrentes:
En Argentina, el gobierno se niega sancionar dos leyes que darían transparencia: una sobre acceso a la información pública y otra para regular la publicidad oficial, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que establece su disposición razonable.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza permanentemente con regular la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación mientras las agresiones se repiten sin ser esclarecidas.
En Ecuador, Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y, por lo tanto, debe ser administrada por el Estado, con lo que busca justificar la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales. Tras el perdón de Correa a la condena a directivos de El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza. Establece discriminación contra medios privados y forma, en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, un Consejo de Comunicación para aplicar la norma.
En Venezuela, además de los agravios permanentes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz para censurar a los medios, ya sea con inmensas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario como restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas. El gobierno, como el ecuatoriano y el argentino, mantiene una inmensa red de medios gubernamentales financiada con fondos públicos.
En Guatemala, una reforma de la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando los alcances de lo que puede amenazar la seguridad nacional.
En Nicaragua y Argentina, el gobierno mantiene un férreo control sobre gran cantidad de medios gubernamentales mientras castiga a los medios críticos con la pauta oficial.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo amenaza con enviar una ley de prensa al Congreso en represalia porque considera que muchos medios defienden intereses particulares en vez de dedicarse al “apostolado” de la información.
En Colombia, se intentan imponer restricciones legales a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, como diversas publicidades y propaganda electoral.
A su vez, la SIP solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y exhortó a los gobiernos miembros de esta organización a que no accedan a la solicitud de Ecuador de restringir la actividad de monitoreo y defensa de la libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al impedirle que busque fondos por fuera de la OEA, comparta su presupuesto con otras relatorías y no le permita hacer su informe país por país.
Siguen verificándose agresiones y situaciones de impunidad hacia medios y hombres de prensa. A los crímenes de Brasil y Haití se le suman los escasos esfuerzos del gobierno de Honduras por resolver los 20 asesinatos contra periodistas de los últimos dos años, sin haberles dedicado recursos para esclarecerlos.
En Cuba, antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI aumentaron las agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como las restricciones a la telefonía móvil e internet. En 2012 hubo un promedio de 600 detenciones por mes, y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo un férreo control sobre internet.
En México, las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos, es el peor obstáculo para la prensa.
A su vez, las demandas judiciales contra aquellos que difunden información contraria a los intereses del gobierno mantienen vigencia en Panamá y Paraguay.
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