Nuestra lucha contra la impunidad que rodea a casos de crímenes contra periodistas es en vano, cuando los mismos sistemas judiciales permiten que por falta de investigaciones certeras y acusaciones los procesos judiciales caduquen y prescriban.
La prescripción muchas veces es la herramienta utilizada por sistemas judiciales que se dejan manipular y corromper políticamente para que, por motivos ajenos a la decencia y equidad, los casos queden impunes. A veces también se debe a la falta de voluntad política ante casos que no parecieran tener un costo político para el sistema.
Esto último pareciera haber ocurrido la semana pasada cuando la Fiscalía General de Colombia dijo que no revertiría la prescripción que afectó a dos casos de crímenes contra periodistas. Se trata de los casos de Julio Daniel Chaparro, periodista de 29 años y Jorge Enrique Torres, fotógrafo de 39 años, ambos de El Espectador, quienes fueron asesinados el 24 de abril de 1991. Ambos casos prescribieron tras 20 años en la impunidad.
El Congreso colombiano aprobó una reforma el 29 de diciembre de 2010 ampliando de 20 a 30 años los plazos de prescripción, pero como toda ley, no tiene carácter retroactivo.
Desde la SIP, así como otras instituciones dedicadas a la libertad de prensa, entre ellas la colombiana FLIP, se pidió que a esos dos casos se los declarara de lesa humanidad – un delito imprescriptible - como el 2 de julio de 2010 la Fiscalía General lo hizo con el caso de Guillermo Cano, director de El Espectador, ocurrido en 1986.
Como quedó demostrado con estos casos ahora cerrados, a excepción de que puedan elevarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prescripción de los delitos conspira contra la justicia y la libertad de prensa.
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