En localidades fronterizas, la diversión y el crimen suelen estar asociados. Por lo general, la actividad delictiva que se prohíbe en una ciudad, es la parranda que se permite cruzando la frontera, y Tijuana, en el extremo noroeste de México, no es la excepción.
Lindante con la estadounidense San Diego, Tijuana fue el escape preferido de los californianos cuando la “ley seca” les restringía alcohol, sexo y juego. Todavía resuenan las andanzas de famosos como Clark Gable y Al Capone en los casinos, hipódromos y burdeles de la época.
Aquella laxitud, sin la debida regulación, y el crecimiento demográfico vertiginoso, fue apuntalando la expansión del crimen. Tijuana sigue siendo una de las ciudades más peligrosas y violentas de la frontera con EEUU, zona virtualmente capturada por los cárteles de la droga.
Impotente ante una violencia que no puede controlar, y ante la presión de perennes procesos electorales, el gobierno ha optado por una tangente. Está buscando revertir el mal desempeño creando una mejor imagen. El presidente Felipe Calderón contrató firmas de relaciones públicas en el extranjero para “cambiar la realidad”, a la espera de turismo e inversiones.
Y a nivel interno, el gobierno es congruente, victimizándose con el uso de chivos expiatorios para tapar la realidad. El senador nacional oficialista, Santiago Creel, en periplo electoral por Tijuana esta semana, le echó la culpa a los países andinos por ser los productores y, a EEUU, por el consumo de narcóticos y permitir que sus armas alimenten los arsenales de los narcos.
Es una verdad a medias. Los narcos no solo trafican hacia EEUU – un negocio equivalente a 25 mil millones de dólares al año - sino producen e inundan con drogas su mercado. Sus actividades incluyen piratería, contrabando, secuestros, sicariato, tráfico y trata de personas; y las armas, por una cuestión práctica las adquieren en EEUU, pero por su poder económico, las conseguirían en cualquier mercado negro del mundo.
Esta imagen victimizada aparece cada vez más en los discursos oficiales. Desde hace unas semanas, el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Fernando Gómez Mont, insiste en que son los medios, al publicar hechos violentos, los que desvirtúan la realidad y crean el ambiente de violencia.
La Tijuana actual, sin embargo, contradice al ministro. A pesar de la todavía gravedad de los crímenes, 139 homicidios y 28 secuestros en el primer trimestre del año, es la única ciudad de frontera con índices a la baja. Muchos coinciden que este fenómeno, en parte, se debe a la denuncia mediática permanente sobre hechos que involucran a los narcos, a diferencia de otras plazas, como Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, donde los periodistas han optado por la autocensura para sobrevivir; un silencio también peligroso, porque inmuniza a los delincuentes y potencia la criminalidad.
Dos factores adicionales tienen incidencia en la reducción del crimen en Tijuana. El cartel de los Arellano Felix tiene el monopolio de la plaza, lo que evita las guerras entre bandos que se registran a diario en otras ciudades; y un Ejército que no solo asestó varios golpes a los Arellano Félix y purificó a las corruptas fuerzas policiales, sino que generó confianza entre los ciudadanos con campañas enfocadas a crear una cultura de la denuncia.
Bajo el lema “nosotros sí vamos”, el Ejército contrarrestó la ineficiencia y la desconfianza hacia la policía, acudiendo cada vez que los ciudadanos denunciaban hechos criminales a través de correos como nosotrosivamos2zm@yahoo.com.mx, generando así, mayor credibilidad en las instituciones. Esta semana, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país, dijo que en parte el aumento de la violencia se debe a que los agredidos no denuncian los crímenes, aportando que sólo el 15% de los 12 millones de delitos que se comenten al año son denunciados.
La experiencia de Tijuana demuestra que la violencia y la corrupción no son aspectos que pueden ser transformados por campañas de propaganda que solo intenten cambiar las imágenes o las percepciones. Mucho más efectivo que “cruzar esa frontera”, el gobierno debería seguir buscando otros mecanismos más allá del Ejército, legales o prácticos, que le ayuden a los ciudadanos a tener más confianza en la justicia y a moldear su propia realidad.
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