Armas y seguridad

Varios gobiernos latinoamericanos no están apuntando muy bien al blanco al armarse hasta los dientes para defenderse o disuadir a posibles invasores externos, cuando en realidad el verdadero enemigo es interno: la inseguridad pública.
Mientras en América Latina se ha duplicado el gasto en compras de armas en los últimos cinco años, alcanzado la friolera de 50 mil millones de dólares en el 2008 – tema que sin éxito fue tratado en la reunión de ministros de Defensa del UNASUR esta semana en Quito – poco se ha invertido para restablecer la seguridad pública. A juzgar por las estadísticas, los delitos violentos están creciendo y afectando a todas las clases sociales sin distinción; mientras que los sondeos de percepción indican que los latinoamericanos se sienten desprotegidos, considerando que la seguridad es una prioridad a resolver, hasta mayor que el desempleo y la pobreza.
Muchos países justifican el gasto porque llegó la hora de modernizar y profesionalizar a sus Fuerzas Armadas después de haber sido relegadas tras el desprestigio de épocas cargadas de golpes y dictaduras. Quienes más gastan argumentan distintas estrategias: Venezuela, para proteger sus reservas petroleras; Brasil y Chile, para defender sus anchas y largas fronteras; Ecuador, para prevenir nuevas incursiones en su territorio; mientras México y Colombia, con el apoyo millonario de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico.
Justificados o no, estos gastos plantean que existe una línea divisoria muy fina entre la modernización y la carrera armamentista. Más allá de que la política y la ideología no permitieron una discusión honesta y transparente en Quito, como reclamó el presidente peruano Alan García, lo cierto es que 50 mil millones de dólares representan un gasto exagerado para una región que tiene otras necesidades urgentes que resolver.
Parece un contrasentido, por ejemplo, que sean Venezuela, con la compra de tanques y misiles rusos, y Brasil, con aviones franceses y hasta un submarino nuclear, quienes destacan en esta guerra armamentista, cuando ambos países tienen los mayores problemas de violencia puertas adentro, siendo Río de Janeiro y Caracas, unas de las ciudades más peligrosas del mundo. En Caracas se registran 130 homicidios por cada 100 mil habitantes y un aumento del 50% de los secuestros comparado al 2008; mientras que en Río, se calcula que las milicias, conformadas por policías corruptos y narcotraficantes, generan 180 millones de dólares anuales que son reinvertidos en el círculo vicioso del crimen organizado.
Si los gobiernos escucharan mejor, se darían cuenta que los ciudadanos de a pie no están preocupados por el temor a las invasiones extranjeras o una escalada militar provocada por una agresión limítrofe, sino más bien por el crecimiento vertiginoso de los robos a mano armada, hurtos, secuestros “express” y asesinatos, lo que genera un sentimiento cada vez mayor de desconfianza hacia un Estado que se percibe fallido.
Esa desconfianza en Argentina lo reflejó una encuesta reciente de la Universidad Torcuato Di Tella, estableciendo que el 80 por ciento de la población en las principales ciudades instalaron alarmas, rejas o cerraduras especiales como medidas de seguridad ante la inacción de las autoridades. Un resultado que podría generalizarse como latinoamericano, con una simple visita y observación por los centros de Lima, San Salvador, Managua o cualquier otra capital de la región.
Si bien la modernización de las Fuerzas Armadas es ineludible, también es necesario que el gasto sea moderado o proporcionado, de lo contrario solo serviría para fomentar actitudes nacionalistas o simples desfiles patrios para pasear el armamento. Latinoamérica, en cambio, precisa replantear estrategias y apuntar mejor. En vez de derrochar en armas importadas, y que generan más gastos para su manutención y operación, debería invertir en las fuerzas policiales, que claman por mayores recursos humanos y técnicos, así como por profesionalización y la depuración de sus filas.
Pero tampoco se trata de utilizar recursos solo en represión y disuasión, sino también en prevención. En ese sentido, la mejor inversión siempre será fortalecer los débiles sistemas judiciales, el mayor desequilibrio y promotor de desconfianza en Latinoamérica. Una justicia independiente y fuerte, con castigos e incentivos sin distinciones, es la única arma que ayudará a generar una cultura de la legalidad y a restablecer la confianza perdida.