Apagones informativos

Existe una fórmula infalible para medir el nivel de autoritarismo de un gobierno: Cuanto más censura, menos democracia.
Es una paradoja, pero cuando ocurren hechos trascendentes y existe mayor necesidad de saber, los gobiernos autoritarios se afanan por apagar y asfixiar las noticias. En la libertad de prensa, radica la vulnerabilidad de su poder absoluto.
Estas semanas estuvieron salpicadas de silencios y apagones. En China, tras la pelea étnica que arrojó más de 150 musulmanes uigures muertos, el gobierno dispuso una férrea censura afectando a periodistas y medios extranjeros, paralizó el internet y canceló la telefonía móvil y fija; además, cortó de cuajo la comunicación por Facebook, YouTube y Twitter, redes sociales que días antes habían sido el Talón de Aquiles del régimen de Irán, que trató de apagar sin éxito, la información sobre las protestas por elecciones fraudulentas.
La censura se vivió también parcial y temporalmente en Honduras, donde en los primeros dos días del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, el gobierno acorraló militarmente a varios medios electrónicos, entre ellos al oficial Canal 8, que como televisora estatal, era utilizada como órgano de propaganda, tal ocurre en otros países de Latinoamérica.
Existen diferentes “causas” de los apagones, según el gobierno. En los países totalitarios, donde todos los medios pertenecen al Estado o al partido, como en Irán, China o Cuba, y donde criticar a los medios locales sería asumir culpas propias, las autoridades justifican el silencio informativo acusando a los periodistas extranjeros y a otras potencias de instigar el delito e incitar a la violencia. Esas imputaciones, como la de Irán a Gran Bretaña, caen en saco roto, porque los regímenes carecen de credibilidad, tanto por sus mentiras como por estar engrosando sus cárceles con disidentes, periodistas y cibernautas.
A comparación con los totalitarios, los gobiernos autoritarios son los más peligrosos e hipócritas, porque escondiéndose detrás de fachadas democráticas que construyen con procesos electorales constantes, tratan de destruir a los medios y a todo aquel que no comulga con la partitura gubernamental.
Venezuela es el caso típico. Todo el aparato propagandístico, legal y jurídico está destinado a acusar a los medios y periodistas de sedición y de traición, dos delitos que automáticamente los aleja de la Constitución y los acerca a las rejas. El presidente Hugo Chávez, por ello, califica a los medios tanto de “desestabilizadores” como de “pitiyanquis”, o de conspiradores y golpistas o de insidiosos y desleales, adjetivos todos que califican la insurrección y la traición a la patria. El cierre de la “terrorista” RCTV es el ejemplo más palpable.
En el estado autoritario, creado a imagen y semejanza de El Príncipe de Maquiavelo, donde el fin justifica los medios, el sistema se reserva el derecho de conceder el usufructo de los medios, de premiar y castigar, de ahí que ahora esté en juego la suerte de 240 radios y las señales privadas de cable - incluida RCTV cable - acusadas éstas de conformar el “latifundio mediático”, según el ministro Diosdado Cabello, porque no respetan las imágenes de Telesur y Venezolana de Televisión, emisoras de propaganda oficial. Los periódicos, más alejados de la influencia del Estado, guardan mayor independencia, aunque igual son asfixiados con regulaciones fiscales y económicas, hasta para conseguir dólares oficiales para comprar papel e insumos importados.
El gobernante autócrata busca la protección de las leyes. Venezuela reformó el Código Penal en el 2005, agravando la crítica contra el Presidente, delito de desacato en desuso o desaparecido de otros códigos latinoamericanos. Con todo el aparato legal a sus pies y un congreso monopólico desde hace años, no es difícil imaginar que pronto amanecerá la ley sobre “delitos mediáticos” que promueve la fiscal general, Luisa Ortega, para evitar, según ella, campañas periodísticas que generan “angustia, zozobra y pánico”, una burda justificación para asfixiar y producir un apagón informativo constante y permanente.
En momentos en que la comunidad internacional aisló a Honduras castigándola por romper la institucionalidad, sería justo que se adopte similar medida contra Chávez si cierra Globovisión; al fin y al cabo, como la libertad de prensa está protegida por su Constitución y la Carta Democrática, apagar Globovisión, significaría asestar un golpe inconstitucional.