El 21 de abril próximo será un día muy especial para Guatemala. Entrará en vigencia la Ley de Acceso a la información Pública. Sobre el tema, el diario Prensa Libre de ese país me hizo la entrevista a continuación:
¿Qué piensa de la entrada en vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información en Guatemala?
Es trascendental esta ley para el pueblo guatemalteco, ya que marca el preciso momento donde el Estado y su gobierno reconocen que son solo administradores de la información la cual siempre le perteneció al pueblo, pero que muchas veces se negó a compartir. Hay de ahora en más un compromiso de transparencia y de apertura que ayuda a terminar con siglos de oscurantismo, en los que el Estado se situaba por arriba - casi como un vigilante o un “gran hermano” – de los ciudadanos. Esta ley demanda igualdad.
¿Qué importancia tiene a nivel internacional?
Guatemala se suma a un grupo de naciones del continente americano rompiendo con la cultura del secretismo, reconociendo que un eje fundamental de la democracia es la obligación del gobierno de permitir que cualquier ciudadano, con solo desearlo y en plena libertad, puede acceder a información que le parezca pertinente para su vida, así sea para beneficio propio o para fiscalizar al gobierno.
¿Qué expectativas tienen como Sociedad Interamericana de Prensa?
Las autoridades de la SIP han manifestado su satisfacción de que a un año de haber realizado un foro sobre este tema en Guatemala, con la presencia del presidente Alvaro Colom y un grupo de legisladores nacionales, se haya sancionado y puesto pronto en vigencia esta ley, cumpliéndose con los preceptos de la Declaración de Chapultepec, la cual indica que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
¿Qué observaciones hace del proceso de implementación de la Ley?
El gran desafío sobre su implementación es el proceso educativo que debe seguirse en los primeros meses y en forma permanente luego, para que se enseñe sobre sus alcances y mecanismos. Sancionar una ley no es tarea tan difícil como sí implementarla y cumplirla. Debe existir un compromiso social que involucre tanto a las organizaciones no gubernamentales y del sector civil, a los poderes públicos, a los centros educativos, así como a los medios de comunicación, para que en una forma comprensible, clara y sencilla, se eduque a los ciudadanos sobre su importancia y los instrumentos para cómo, dónde y para qué utilizarla, así como establecer para los funcionarios las penalidades que pueden caber en caso de no cumplir con ella.
¿Qué recomendaciones hace para el ciudadano y para el sector público?
Los ciudadanos y los funcionarios comparten una misma obligación (a pesar de que algunos por el momento no comprendan para qué servirá esta ley) respecto a que deben exigir que las escuelas, primarias y secundarias, tomen un papel muy activo en la educación sobre esta ley, para que los niños y menores de ahora puedan crecer en una cultura de apertura y transparencia, ayudándoles a crear el hábito de pedir información. En la repetición del hábito se crea costumbre y luego cultura. Esta ley, bien utilizada, es un instrumento excepcional para enseñar educación cívica, valores ciudadanos y crear así una sociedad futura mucho más democrática.
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