viernes, 27 de marzo de 2009

Transparencia y rendición de cuentas

Calcular el nivel de democracia de un gobierno no es fácil. Algunos parámetros que se utilizan, como la independencia de los poderes del Estado y la limpieza de los procesos electorales, son engorrosos y conflictivos de medir.
Sin embargo, una forma simple de medición es observar si el gobierno rinde cuentas en forma cotidiana y sistemática sobre los gastos públicos, o si a esos datos los manipula, niega o esconde.
La vocación de transparencia es muchas veces una actitud política: se quiere o no se quiere rendir cuentas. Por eso es necesario que existan reglas que obliguen a las autoridades a ser cristalinas, de lo contrario se podrán esperar excusas, como recientemente las dio un tribunal de La Plata, Argentina. Le negó a un periodista, tras cuatro años de pleito judicial, obtener información sobre presupuestos, salarios y cantidad de funcionarios de un municipio, con el ridículo fallo de que “los datos… se encuentran comprendidos en la esfera de intimidad de las personas involucradas”.
Sin reglas claras, es difícil que las autoridades decidan por iniciativa propia rendir cuentas, incluso en países tan abiertos y democráticos como Costa Rica, donde un estudio realizado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, reveló que una mayoría “alarmante” de ministerios y organismo públicos no está forzada a proporcionar al público o a la prensa, información básica sobre presupuestos o gastos.
Muchas veces no se trata de estar obligado, sino de tener la voluntad política necesaria y ser conscientes de que la transparencia mejora la gestión gubernamental y reduce los niveles de corrupción. Así lo consideró el presidente estadounidense Barack Obama, quien después de prometer que su gobierno tendría “niveles sin precedente de apertura”, dictó varias normas valiosas. La más importante de todas es quizás el sitio de internet (www.recovery.gov) habilitado el 17 de febrero, en el que se informa cómo, cuándo y dónde se están gastando los dólares de los contribuyentes aplicados al paquete de estímulo. En ese sitio, los ciudadanos pueden monitorear la distribución y uso de fondos, la creación de empleos y el progreso de la recuperación económica prometida.
Su mayor claridad le ameritará un mejor puntaje del estudio sobre presupuestos entre 85 países que difundió la International Budget Partnership, cuyo objeto es provocar mayor gobernabilidad y combatir la pobreza. La encuesta reveló que un 80% de los gobiernos no informa sobre el uso de los dineros públicos, muchos de ellos latinoamericanos. El más opaco es Bolivia, ubicado en el puesto 74, seguido por República Dominicana (68), Honduras (66), Nicaragua (62), Venezuela (54), El Salvador (48), Ecuador (47), Costa Rica (39), Guatemala (38), México (28), Argentina (25) y Colombia (18). El país más transparente resultó Brasil (7) y luego Perú (11). La mala ubicación es similar a la que estos países obtuvieron en otros sondeos sobre información pública general.
Obama no se quedó en el gasto público. Creó y examinó más normas sobre información pública en 70 días, que su predecesor en ocho años. Difundió memorandos del gobierno anterior demostrando que se irrespetaron garantías constitucionales apenas sucedido el ataque del 11 de septiembre del 2001, tales como permitir escuchas telefónicas sin orden judicial y métodos de tortura en Guantánamo. También eliminó la prohibición a los periodistas de fotografiar ataúdes que llegaran de las guerras de Irak y Afganistán, e hizo revisar controles existentes en la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la Presidencia, estableciendo que, ante una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación.
Más allá de las limitantes, y de que la crisis económica haya puesto en duda las fortalezas del sistema estadounidense, los gobiernos de la región deberían imitar los esfuerzos de Obama por una mayor transparencia. Después de todo, dictar normas que empoderen al público para fiscalizar y monitorear el gasto público, puede resultar en una fórmula eficaz para combatir la corrupción y hacer que mejore la confianza sobre la gestión pública.
Los gobiernos deben estar obligados por ley a rendir cuentas sobre el gasto público. Manipular o esconder la información es de por sí un acto de corrupción y una forma de negarle al pueblo el disfrute de la democracia.

2 comentarios:

Franjaval dijo...

Gracias a Dios que se terminaron 20 años mas de corrupcion tan galopante que hubo con los Gobiernos de Arena.
Solo recuerdo las palabras del ilustre Dr. Chico Lima cuando dijo hace casi 20 años.que "Los pescados se quedaban pachitos,si es que hubo corrupcion en ellos, pues los pescados se diria que eran unos rateros,pero los de Arena, encabezados en ese entonces por Cristiani, eran unos ladrones.Ojala que esta ley de transparencia Gubernamental no vaya a ser paja del proximo gobierno.

Francisco Valdes

iman dijo...

thank's for sharing info,..!
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